Gobierno / Estado nacional o Estado territorial
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Cada metro cuadrado de espacio habitable en el planeta Tierra está bajo la jurisdicción de un Estado nacional. Los Estados nacionales, en otras palabras, también son Estados territoriales en la medida en que ejercen su poder político (soberano) sobre un territorio definido. Los términos son intercambiables y su uso depende del énfasis narrativo: Estado nacional, cuando se habla de estructuras políticas, jurídicas y culturales y Estado territorial, cuando se hacen referencias a cuestiones de extensión geográfica, recursos físicos, infraestructuras, límites y fronteras. Hay Estados, como Estados Unidos y Japón, cuyas fronteras coinciden con los límites territoriales de una nacionalidad compartida, hay otros compuestos por diferentes nacionalidades culturales (ejemplos: España, Canadá, Bélgica y Bolivia), y también hay culturas que están repartidas en diferentes Estados nacionales. Tal es el caso de los alemanes, cuyas comunidades son mayorías en Alemania, Austria y Suiza. Cada Estado adquiere un nombre específico, por lo general relacionado con su particular condición cultural o régimen político. Inglaterra, por ejemplo, lleva el nombre oficial de Reino Unido, en reconocimiento de que es un Estado territorialmente plural que incluye a Escocia, Gales e Irlanda del Norte. El nombre oficial de Suiza es Confederación Helvética, por su estructura federal de cantones autónomos que incorporan cuatro raíces culturales. Estados Unidos de América también alude a su naturaleza federal, y la República Dominicana reconoce en el nombre su forma de gobierno republicano. En Puerto Rico, el nombre formal del Estado es Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Pese a estas diferencias internas, todos estos Estados son Estados nacionales.

Independientemente del término que se use para nombrar a cada Estado, lo importante es que se trata de la unidad política fundamental del mundo moderno. Desde el Tratado de Westfalia de 1647, que puso fin a las guerras religiosas en Europa, hasta el presente, rige en el mundo la norma internacional de que la soberanía (poder político) del Estado nacional es ilimitada dentro de sus respectivos territorios. Desde entonces, todas las personas pertenecen a algún Estado nacional (o territorial), y es este el que establece y administra las normas y políticas de convivencia, haciéndose responsables de la paz, el orden y el bienestar de la comunidad. A pesar de que el Tratado de Westfalia establecía que todos los habitantes adoptarían la religión de su príncipe, más tarde, con el desarrollo del laicismo moderno, la diversidad religiosa fue tolerada dentro de los confines de los Estados, por lo que la libertad de culto pasó a ser un derecho ciudadano fundamental. No obstante a este y otros cambios normativos que han ocurrido a través del tiempo, los Estados siguen siendo los únicos depositarios de los poderes soberanos. El caso de territorios que, como Puerto Rico, son parte de imperios territoriales, esa soberanía es limitada en términos jurídicos, pero se reconoce, en la medida en que ostentan algún grado de Gobierno propio (self-government), que constituyen unidades territoriales definidas y que sus Gobiernos encarnan las mismas responsabilidades ante sus residentes (ciudadanos) que los Estados que gozan de plena soberanía, aunque de forma más limitada.

Tres factores han contribuido al éxito histórico del Estado soberano, nacional o territorial, incluyendo el caso de Puerto Rico:

1. Gobierno. El Estado moderno es permanente y poderoso, está administrado por un Gobierno que cambia de composición con frecuencia de acuerdo a los sistemas electorales de sucesión política basados en los principios del sufragio universal. El Estado incorpora el monopolio sobre el uso de la violencia (ningún otro agente social tiene la autoridad de recurrir a la violencia para resolver conflictos), por medio de sus fuerzas militares y policíacas; tiene la potestad de recaudar impuestos; mantiene un sistema judicial para todo el territorio; ejerce un férreo control sobre las instituciones educativas y los medios de comunicación; y ejerce una enorme influencia sobre la economía (socialista o capitalista) y el bienestar social. Se presume que la paz y el orden social dependen de la acción cotidiana de una autoridad política (administración gubernamental) y una legislación centralizada. Pasar juicio sobre las violaciones a la normativa del Estado, incluyendo los derechos ciudadanos, es una función exclusiva del Estado que se realiza mediante la acción gubernamental, administrativa y judicial.

2. Identidad nacional. Cuando una comunidad se identifica con un territorio particular y se considera diferente al resto de la humanidad (con características culturales definidas y una experiencia histórica singular), se desarrolla en ella el sentimiento de que el bienestar de esa comunidad se protege de forma más eficaz cuando se organiza como una unidad política propia, como un Estado. La lealtad natural del individuo a su comunidad se extiende, por lo tanto, a la unidad política fundamental que la incorpora: el Estado nacional y territorial.

3. Pacto social (consenso moral y político). Cuando un pueblo se convence de que su Gobierno responde a las aspiraciones de todos los sectores que lo componen y que es capaz de impartir justicia y realizar cambios para el beneficio de todos (es decir, se incorpora un pacto social), se eleva el nivel de lealtad al Estado como encarnación de la comunidad (se exacerba el patriotismo) y se promueve la paz social.

Estos tres factores históricos hacen que el Estado nacional o territorial siga siendo la unidad política fundamental del mundo actual, a pesar de la extensión de la economía globalizada por todo el planeta y la proliferación de instituciones posmodernas supranacionales.



Autor: Roberto Gándara Sánchez
Publicado: 11 de septiembre de 2014.

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