Historia / La Carta Autonómica de 1897
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Para el 1897, el tema de las reformas autonómicas resultaba crucial y había adquirido un carácter de interés internacional. En noviembre del mentado año, el Consejo de Ministros en España aprobó tres decretos para la reforma del régimen colonial en Puerto Rico y Cuba. El primer decreto fue extenderles a los antillanos el Título I de la Constitución española, que reconocía los derechos individuales. El segundo decreto los adscribía a la ley electoral del 1896, concediéndose por esto el derecho al voto a todos los hombres mayores de 25 años que se encontraran en el pleno goce de sus derechos civiles. El tercer decreto fue la Carta Autonómica, por la cual se establecieron cambios en el Gobierno colonial.

Según la Carta Autonómica, el gobernador escogido por el rey, era el representante de la Corona y ejercía la máxima autoridad ejecutiva en la isla. Tenía el mando de las fuerzas armadas de mar y tierra y era responsable del orden y la seguridad pública de Puerto Rico. Entre otras cosas, nombraba a los funcionarios de la administración colonial. La rama legislativa estaba integrada por dos cuerpos: el Consejo de Administración y la Cámara de Representantes. El Consejo se componía de quince miembros, de los cuales siete eran nombrados vitaliciamente por el gobernador y ocho eran electivos. El pertenecer al Consejo otorgaba un estatus privilegiado, pues solamente podían pertenecer a él las personas de dinero y que gozaban prestigio social, además que se debía cumplir con los requisitos de haber nacido en la isla o llevar en ella al menos cuatro años; hallarse en el goce de los derechos políticos; y tener una renta anual de 4,000 pesos. En resumidas cuentas, el Consejo era para los comerciantes, los hacendados y uno que otro profesional influyente. Por su parte, la Cámara de Representantes estaba compuesta por 32 miembros los cuales debían cumplir con los mismos requisitos del Consejo, exceptuando la renta. Los representantes eran electos por cinco años y podían ser reelectos cuantas veces fuera el caso. Estos dos cuerpos tenían potestad de legislar en todo lo relacionado con la administración de Puerto Rico: hacienda, obras públicas, comercio, presupuesto e industria. También negociaban tratados de comercio con otros países, aunque debían ser aprobados por el Gobierno de Madrid.

La Carta Autonómica, a pesar de que no reconocía el comercio libre entre Puerto Rico y España, permitía que el Consejo y la Cámara interviniesen en el arancel que regiría las relaciones mercantiles. La Carta también intervino sobre la política municipal. Les permitía determinar sus propios presupuestos y decidir sobre asuntos locales relacionados con la instrucción pública, vías de comunicación, sanidad y el nombramiento de sus empleados. Se obtuvo la ampliación del derecho al sufragio a los varones, el reconocimiento de los derechos individuales, el aumento de la representación puertorriqueña en las Cortes, la disminución del poder de los gobernadores coloniales, los ayuntamientos electivos y la participación de los criollos en los asuntos administrativos.

La Carta Autonómica fue considerada como el fin de una larga lucha: la de lograr participación en la vida administrativa del país. Aunque el sistema proteccionista español se mantenía en vigor, los puertorriqueños podían intervenir.



Autor: Zahira Cruz
Publicado: 12 de septiembre de 2014.

Version: 14021206 Rev. 1
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