Gobierno / Corporaciones públicas (II)
Galería Multimedios
Galería Audio Galería Vídeo Galería Imágenes     Agrandar y/o Reducir Texto Envíe a un Amigo Versión Imprimir Acceso Universal Ayuda Página oficial de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades.

English version
No obstante la estructura del estado benefactor y el papel autónomo que le asigna a las corporaciones públicas, la práctica en Puerto Rico ha revertido a los patrones tradicionales de la cultural política autoritaria, la cual rechaza el principio de que hayan instituciones públicas que funcionen bajo criterios profesionales propios al margen del poder político, sobre todo del Ejecutivo. Esta contradicción entre la teoría democrática moderna y el atavismo autoritario ha afectado adversamente el rendimiento de las corporaciones públicas, alejándolas de su vínculo cotidiano con la sociedad civil (a la cual sirven) e incrementando sustancialmente su condición precaria y de subordinación a los poderes políticos. El poder del gobernador de designar a los miembros de las juntas de gobierno de las corporaciones públicas no se considera suficiente para coordinar las operaciones de las corporaciones con las políticas de Estado a mediano y largo plazo. Por otro lado, se ha consolidado el hábito de que el partido que gana las elecciones ejerce presión para que los directores nombrados por Gobiernos anteriores renuncien a sus cargos y dejen el camino libre para que el gobernador designe como nuevos directores a seguidores del partido ganador. Además, se ha instaurado la práctica de que a pesar de que la estructura formal de las corporaciones públicas establece que son las juntas de directores las que designan al director ejecutivo, el gobernador es en realidad quien lo hace y las juntas se limitan a formalizar los nombramientos. Hoy, más que nunca, la dinámica interna de la Rama Ejecutiva actúa como si los ejecutivos de las corporaciones públicas fueran jefes de agencias que le responden directamente al jefe del Ejecutivo (gobernador).

Es evidente que el consenso que se estableció en el país respecto a la importancia de las corporaciones públicas como herramientas indispensables de servicios sociales del Estado ha desaparecido de la esfera pública durante las últimas décadas (un consenso de avanzada, tanto desde el punto de vista técnico de administración pública como ético, fundamentado en principios democráticos de justicia social y separación de poderes). Predomina hoy, en su lugar, un estado de confusión y una pugna pública entre los defensores de las instituciones autónomas y los propulsores del autoritarismo: los que justifican como necesario el control político absoluto del partido en el poder. La ola privatizadora que busca despojar, a lo largo del planeta, los servicios sociales tradicionales del Estado como parte del proyecto de globalización de la economía y el capital, se monta sobre la deslegitimación del estado benefactor, y por lo tanto de sus instituciones autónomas de servicios sociales (las corporaciones públicas). Este impulso neoconservador ha introducido, por lo tanto, un elemento discursivo coyuntural en favor de un campo autoritario. No obstante, el diálogo mundial en torno a este asunto se ha exacerbado a gran escala a partir de la crisis económica del 2008, logrando generar en muchas partes insólitas manifestaciones de activismo ciudadano en oposición al reemplazo del estado de bienestar por un estado corporativo que sirve, principalmente, a los intereses de las instituciones económicas hegemónicas. El caso reciente de Grecia y su relación con la Unión Europea liderada por Alemania es un ejemplo de un Estado nacional forzado a adoptar políticas públicas en detrimento del bien social a cambio de priorizar el pago de su deuda externa a las corporaciones financieras alemanas.

En otras palabras, el tema de las corporaciones públicas como instituciones fundamentales del estado benefactor moderno, su función social, prerrogativas, nivel de autonomía, estructura financiera y relación con la Rama Ejecutiva, es parte esencial del debate político actual. En el plano mundial, incluyendo a Puerto Rico, inciden primordialmente las luchas de poder sobre el control de las políticas de los Estados. Por un lado, están las instituciones nacionales, y por el otro, los intereses del capital globalizado. Mientras tanto, en el plano local juegan, además de los grandes temas mundiales, la coyuntura del ciclo histórico de alternancia en el poder de los dos partidos principales que comenzó en 1969 y perdura hasta nuestros días. La alternancia ha tenido el efecto de privilegiar metas de poder a corto plazo mediante el control absoluto de las instituciones del Estado, a expensas de un desarrollo institucional estable de más largo alcance y sobre bases realmente democráticas y fundamentadas en el interés público.





Autor: Roberto Gándara Sánchez
Publicado: 11 de septiembre de 2014.

Version: 13021319 Rev. 1
¿Cómo citar este artículo?
Glosario
Ver Glosario