Gobierno / Los derechos y los Estados
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Derechos ,—término de enorme arraigo en la cultura política moderna y esencial para el ethos democrático—, se refiere a las normas que rigen la relación entre los ciudadanos particulares y entre los ciudadanos y el Estado. Usualmente se le cuelga un apellido al término, dependiendo del contexto en que se use: con frecuencia, por ejemplo, se habla de derechos ciudadanos, derechos individuales, derechos civiles, derechos humanos, derechos políticos, derechos económicos, derechos sociales y derechos colectivos, entre otros. También se suelen asociar los derechos con el concepto de libertad: libertad individual, política, económica, social, etc.

En un mundo organizado en torno a los Estados nacionales, esos términos remiten a la función del Estado como garante de derechos y como el ente determinante de una normativa social aplicable a todos por igual, incluyendo a los poderosos: tanto a los sectores sociales dominantes como a los funcionarios o administradores del Estado. Es decir, cada Estado tiene la obligación de codificar los derechos ciudadanos que aplican dentro de su territorio, según su particular cultura política, aspiraciones y experiencia histórica. Cada Estado democrático, por lo tanto, se supone que tenga mecanismos jurídicos internos para atender violaciones a los derechos de sus ciudadanos y reparar agravios. En Puerto Rico, por ejemplo, cualquier alegación de violación de derechos, sea por parte de una entidad civil o un agente del Estado, puede ser resuelta únicamente por los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. (Aunque la particular relación jurídica de Puerto Rico de subordinación a Estados Unidos, permite que algunos de esos casos puedan ser llevados o apelados, ante tribunales del Estado estadounidense). Por lo tanto, no existen instituciones supranacionales con la autoridad de pasar juicio sobre el contenido de cada código nacional. En otras palabras, la norma democrática internacional vigente estipula que son las instituciones jurídicas del Estado nacional las llamadas a pasar juicio sobre los asuntos de los derechos civiles de sus ciudadanos.

No obstante el reconocimiento universal en cuanto a que la estructura política básica del mundo moderno sigue siendo el Estado nacional, desde mediados del siglo pasado ha proliferado en el mundo el principio de que los seres humanos tienen derechos naturales (inalienables) que todo Estado está obligado a respetar. En otras palabras, que ningún Estado puede crear leyes que violen los derechos naturales de cualquier ser humano, ni activar políticas que menosprecien esos derechos. Aunque no existen mecanismos supranacionales para pasar juicio sobre los códigos y políticas internas de cada Estado de acuerdo a los principios universales de los derechos humanos (ni corregir situaciones de violaciones sistémicas), sí se han desarrollado instituciones internacionales con el propósito de atender violaciones específicas, bajo el manto de los llamados crímenes contra la humanidad. En 1946, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) comenzó a extenderse por todo el planeta la noción de que los Estados podían ser penalizados por la comunidad internacional por mantener políticas internas represivas. Más importante aún, que las personas responsables de cometer u ordenar crímenes, mientras ocupaban cargos estatales, ya no podían cobijarse bajo el reclamo de sus acciones cuando se hacían a nombre del Estado y dejaron de ser inmunes a un juicio posterior. Esta norma de impunidad había prevalecido en el mundo internacional desde el siglo XVII, pero se vino abajo ante los excesos cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, particularmente por Japón y Alemania. En los años de la posguerraposguerra: tiempo inmediato a la terminación de una guerra y durante el cual subsisten las perturbaciones ocasionadas por ella., un nuevo principio de responsabilidad individual sirvió de base jurídica para los llamados Juicios de Núremberg y Tokio, organizados por las potencias vencedoras en la guerra para enjuiciar a los funcionarios civiles y militares acusados de haber cometido atrocidades prohibidas por las normas morales y jurídicas vigentes. Algunos de los acusados fueron ejecutados y otros encarcelados.

Más tarde se establecieron instituciones internacionales en la ONU como la Corte Internacional de Justicia ubicada en La Haya, Holanda para atender los asuntos contenciosos entre los Estados y evitar así que recurrieran a la violencia para resolver sus diferencias. Más recientemente, como seguimiento a los principios jurídicos que legitimaron los Juicios de Núremberg (Alemania) y Tokio (Japón) al terminar la Segunda Guerra Mundial, se creó un tribunal internacional permanente para ver casos de crímenes contra la humanidad perpetrados por individuos mientras ocupan cargos directivos en sus Estados nacionales. Esto incluye a funcionarios y militares de cualquier país, cuyas acciones oficiales o extraoficiales en aras de perseguir intereses nacionales (o personales) hayan quebrado los límites de la moral internacional consensuada. Es de notar que Estados Unidos e Israel son los únicos dos países que se han negado a someterse a la jurisdicción en este participar tribunal. El Gobierno de Estados Unidos, bajo George W. Bush, para justificar su exclusión, aludió a la teoría de excepcionalidad (exceptionalism), la cual estipula que ese país, por representar una cultura excepcional en cuanto a sus valores e instituciones políticas y por constituir hoy la mayor potencia económica y militar del mundo (“líder del mundo libre”) no puede ser enjuiciado (incluyendo a sus líderes políticos y militares) por nadie, por ninguna de sus acciones, ni tan siquiera por violaciones de los valores humanos que aplican al resto de la comunidad de naciones.

También se han dado casos que dan al traste con la noción de impunidad oficial. Hasta hace muy poco, cuando un jefe de Estado despótico era depuesto por un golpe de Estado, una revoluciónrevolución: cambio violento y profundo en las instituciones políticas, económicas o sociales de una nación. social o una restauración democrática, se asilaba en otro país, donde se le concedía inmunidad y no podía, por lo tanto, ser interpelado por sus crímenes. Este patrón cambió cuando en la década del noventa un fiscal español acusó al dictador chileno, Augusto Pinochet, de crímenes contra la humanidad y un tribunal inglés acogió la acusación, arrestó al general y lo procesó. Se entendió en este caso que cualquier persona, aunque haya servido al Estado e incluso haya sido jefe de Estado, al momento de cometer u ordenar atrocidades, es responsable personalmente de sus actos ante la justicia, aunque fuera en el seno institucional de otro país. Este precedente ha creado un nuevo panorama internacional de responsabilidad jurídica por crímenes contra la humanidad.

Derecho inalienable a la autodeterminación

La ONU también reconoció el derecho colectivo inalienable a la autodeterminación como fundamento del rechazo universal al colonialismo; es decir, a la experiencia histórica de un Estado poderoso de apropiarse de un pueblo más débil, sea mediante la conquista directa de territorios o la imposición de relaciones políticas y económicas hegemónicas. Este ancho sentimiento antiimperialista se debe a la interpretación generalizada de que el origen de las grandes guerras mundiales del siglo XX tuvo su origen en el afán de expansión imperialista que había dominado la mentalidad política de los Estados nacionales más poderosos. Este particular giro de la normativa internacional contribuyó no solo a deslegitimar la práctica histórica imperialista, sino a desmantelar los imperios europeos mediante la descolonización de territorios a través de todo el planeta. La mayor parte de estas antiguas colonias se han convertido en Estados nacionales soberanos. Para esos propósitos, la ONU creó un comité permanente en su Asamblea General (Comité de Descolonización) con la encomienda de atender aquellos casos de territorios coloniales que aún permanecen bajo el control de imperios hegemónicos. En 1953, Estados Unidos rindió un informe a este Comité sobre el caso de Puerto Rico, argumentando que la creación del Estado Libre Asociado (ELA) un año antes (1952) le había puesto fin a la relación colonial anterior, al concederle a Puerto Rico el derecho de organizar un Gobierno propio. Se argumentaba en ese informe, que la autorización de establecer un Estado Libre Asociado (self-government) con su propia Constitución, cumplía con los requisitos formales de descolonización adoptados por la ONU, por lo cual Estados Unidos no tenía que continuar rindiendo informes al Comité sobre el caso de Puerto Rico. Desde entonces, ese Comité ha mantenido en su agenda el caso (aunque no le ha exigido más informes a Estados Unidos), el cual se ha convertido en una arena política recurrente en la lucha internacional entre los proponentes de una soberanía formal para Puerto Rico y los defensores de la posición oficial de Estados Unidos, apoyada tanto por el sector estadolibrista como el estadoista.

Es importante reiterar que la autodeterminación no es un derecho individual sino un derecho colectivo; es decir, un derecho que no les corresponde a las personas individuales, sino a una comunidad constituida por una realidad histórica compartida, una tradición cultural propia y una extensión territorial particular. La configuración político-jurídica de la comunidad (su particular forma política) no es relevante para el ejercicio del derecho a la autodeterminación; al contrario, la afirmación de ese derecho fundamental se torna más pertinente y urgente cuando la comunidad no goza del reconocimiento formal de su soberanía. Se trata, ni más ni menos, de un derecho de reconocimiento universal, indispensable para la normativa democrática moderna. El diálogo político en Puerto Rico en cuanto a este derecho colectivo a la libre determinación ha sido desvirtuado por los discursos contenciosos de los partidos políticos sobre el estatus. No obstante, el derecho a la libre determinación continúa siendo uno de los pilares normativos centrales del mundo contemporáneo.



Autor: Roberto Gándara Sánchez
Publicado: 11 de septiembre de 2014.

Version: 13021314 Rev. 1
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