Gobierno / La financiación pública
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Los términos referentes a la deuda pública: deuda constitucional y deuda extraconstitucional se han incorporado recientemente en la esfera pública puertorriqueña. Aunque desde el punto de vista técnico estos términos no son nuevos y han estado presente por largo tiempo en el vocabulario especializado del campo de la administración pública, no fue hasta la crisis económica y fiscal de principios de este siglo que ha proliferado su uso público y mediático. Deuda constitucional se refiere a la deuda pública que ha sido contraída de acuerdo a las disposiciones de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la cual estipula que la Asamblea Legislativa no puede aprobar un presupuesto de gastos de Gobierno para un año económico que exceda los recaudos estimados del fisco. Y ese presupuesto tiene que incluir, además de los gastos ordinarios de las tres ramas de Gobierno, las obligaciones acordadas para el pago de intereses y de principal de la deuda pública vigente. En otras palabras, no se puede tomar prestado sin saber que habrá ingresos públicos suficientes para cubrir las operaciones del Gobierno y cumplir con las obligaciones anuales de la deuda pública.

Por el contrario, deuda extraconstitucional es aquella obligación financiera cuyo costo anual (intereses, principal y otros gastos) excede la capacidad de recaudos del Estado. Es una deuda que se adquiere, sin tener la capacidad de pago, por lo cual habrá de requerir medidas extraordinarias. Llamarle deuda extraconstitucional esconde, hasta cierto punto, un disimulo de su condición de ilegalidad. Extraconstitucional en este contexto es sinónimo de inconstitucional, por lo tanto ilegal. No obstante, la complejidad técnica de los procedimientos financieros y contables que se utilizan, tanto en el mercado financiero globalizado como en las agencias públicas estatales, han permitido evadir esta limitación constitucional y evitar su costo político. Esta evasión ha sido sistemática en las últimas décadas y las consecuencias para la administración pública son profundas y duraderas. Por ejemplo, la implantación del impuesto sobre las ventas y uso (IVU) estuvo acompañado de un compromiso oficial con las instituciones prestatarias al efecto de que parte de los recaudos del IVU se reservarían, durante varios años, para el pago de la deuda pública. Esto quiere decir que la política fiscal del país, en cuanto al IVU se refiere, está obligada, o sea, hipotecada. Es común en el mundo de las finanzas internacionales que los grupos de inversores (mayormente bancos globalizados) impongan políticas públicas a los Gobiernos, orientadas a facilitar y garantizar los pagos de las deudas públicas. Esta presión se hizo patente en Puerto Rico en 2009, cuando so optó por disminuir la nómina pública mediante el despido de funcionarios, como una medida orientada a asegurar el pago de la deuda pública —actual y futura—. En Europa se ha desatado una crisis política de enorme proporción en los países mediterráneos de la Unión Europea, debido a las presiones que ejercen los grupos de inversores ante los efectos de la depresión económica que afecta, desde el 2008, a todo el continente. Esa presión incluye la imposición de políticas de austeridad, incluyendo la privatización, y de reformas políticas dirigidas a abaratar costos laborales y disminuir el ámbito estatal de los servicios sociales. Hasta cierto punto se habla en Europa de una usurpación de los poderes soberanos tradicionales por parte de los grupos financieros globales.

Un argumento que se utiliza para justificar la deuda extraconstitucional de Puerto Rico es que el Estado puede, mediante legislación, aumentar sus ingresos imponiendo nuevas contribuciones. De hecho, la Constitución sugiere que en caso de que los recaudos sean menos de los estimados, por la razón que sea, y se presente una situación de déficit fiscal, la imposición de nuevas fuentes de ingreso es mandataria. Ese fue el caso durante el cuatrienio 2005-2009 cuando una insuficiencia de fondos públicos incapaz de disimular forzó la imposición de un nuevo impuesto, en dicho caso sobre el IVU.

La disposición de la Constitución que obliga a darle prioridad al pago de la deuda (intereses y principal) sobre los otros gastos del Gobierno, incluyendo la nómina pública, no está limitada a la deuda constitucional, por lo cual también aplica, en la práctica, a la deuda extraconstitucional. No obstante, existe una confusión en el diálogo público respecto a la definición de deuda pública y la aplicabilidad de esta particular medida constitucional. La deuda pública incluye solo a la deuda contraída por el Gobierno central para sus necesidades de mejoras permanentes. Las corporaciones públicas, a las cuales se les concede la autoridad para tomar prestado, garantizan sus deudas con sus haberes particulares, no con los fondos operacionales del Gobierno. Por lo tanto, la obligación financiera de las deudas de las corporaciones públicas son exclusivas de cada corporación; no están incluidas formalmente en la deuda pública, por lo cual no aplica la prioridad establecida en el artículo 6, sección 8 de la Constitución.



Autor: Roberto Gándara Sánchez
Publicado: 11 de septiembre de 2014.

Version: 13021313 Rev. 1
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