Gobierno / Desarrollo de la institución del gobernador
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El gobernador es el jefe de Estado de Puerto Rico y dirige la Rama Ejecutiva (es el primer ejecutivo del país). Es responsable de que la administración del Estado cumpla su función de mantener el orden social sobre el cual se organiza la convivencia y tiene la responsabilidad de asegurar que el Gobierno le sirva bien a los intereses de la comunidad (de forma eficiente y justa), mediante la administración eficaz de las políticas públicas y las normas estatales. Además, el gobernador dirige una política económica cuya finalidad es la prosperidad común y representa al país ante la comunidad de naciones, que en el caso de Puerto Rico incluye coordinar las relaciones con el Gobierno de Estados Unidos. El comisionado residente, a pesar de que representa formalmente a los puertorriqueños ante el Congreso de Estados Unidos, es un subalterno del gobernador, por lo que está sujeto a su autoridad y supervisión. Según la norma democrática moderna consensuada mundialmente, el primer ejecutivo o jefe de Estado —que en el caso de Puerto Rico es el gobernador— es elegido por el pueblo en elecciones periódicas de acuerdo al principio del sufragio universal. No obstante, el poder ejecutivo del gobernador constituye tan solo una de las tres ramas del Gobierno.

Pero no siempre ha sido así. Durante más de cuatro siglos de dominio imperial, la isla de Puerto Rico fue gobernada como un territorio o posesión, primero de la monarquía española y luego del Congreso de Estados Unidos. En tiempos de España, el gobernador era nominado por el Consejo de Indias y nombrado por el rey. Después del cambio de posesión fue nombrado por casi medio siglo por el presidente de Estados Unidos. En ambos casos el gobernador ejercía sus funciones en delegación de estos poderes superiores y estaba sujeto en todo momento a la voluntad del poder imperial y la supervisión de las instituciones administrativas metropolitanas. Sobre el gobernador de turno recaía la responsabilidad de implantar la política de Estado vigente, proteger la integridad del territorio, facilitar la seguridad militar, velar por la estabilidad política, garantizar el orden social y el buen gobierno y cuidar por el bienestar de los residentes del territorio. Además, como Puerto Rico ha tenido un valor militar importante durante esos largos siglos por considerarse parte esencial de la principal línea de defensa de las fronteras marítimas de ambos imperios (valor estratégico), los gobernadores solían tener vínculos estrechos con las fuerzas militares. España, regida por una monarquía absoluta que no reconocía la separación de poderes y pretendía centralizar toda la autoridad pública en la figura del rey y sus representantes personales, consolidó en Puerto Rico los cargos de gobernador y capitán general, quienes eran nombrados por el rey habiendo sido nominados por la jerarquía burocrática del Consejo de Indias. El gobernador-capitán general, en delegación de la autoridad del rey, ejercía su autoridad política sobre todas los componentes gubernamentales, incluyendo los asuntos eclesiásticos. Los gobernadores españoles eran siempre peninsulares, usualmente militares, enviados a Puerto Rico –usualmente por periodos cortos de tiempo– para manejar los intereses políticos de la Corona. Su ejecutoria, por lo tanto, no estaba sujeta a la interpelación de la comunidad que gobernaban, sino solo a la voluntad imperial.

El régimen monárquico de toda Europa durante los primeros siglos del Imperio estaba dominado por prácticas absolutistas que no incorporaban la separación de poderes gubernamentales, sino que todas las funciones públicas, incluyendo las legislativas y judiciales, estaban organizadas de forma piramidal con el rey en la cumbre como autoridad suprema. La estructura administrativa autoritaria que desarrolló el Imperio español en América fue institucionalmente compleja y capaz de adaptarse a las diversas coyunturas que surgían con el correr del tiempo. En ocasiones se adoptaron reformas administrativas que adecuaban las políticas gubernamentales a nuevos tiempos y experiencias. Un ejemplo fue la redistribución territorial bajo las intendencias creadas en el siglo XVIII, y las renovadas políticas de desarrollo económico impulsadas por la dinastía ilustrada de los Borbones. No obstante, se mantuvo en todo momento el principio de administrar los territorios de acuerdo a los intereses reales, por lo cual en Puerto Rico nunca hubo un gobernador puertorriqueño ni instituciones políticas y administrativas que limitaran la autoridad real y representaran a la comunidad criolla. La cultura política española, sin embargo, incluía la tradición de respetar ciertos poderes locales que procedían de los fueros medievales (códigos de poderes políticos ancestrales de las comunidades tradicionales), que databan de la época medieval, anterior a la consolidación del poder monárquico. La tradición de estos fueros legitimaba la participación política de las comunidades locales y regionales (aunque fue limitada en el caso de América), otorgándole ciertas prerrogativas de poder político a los Cabildos (Gobiernos municipales). La participación de los sectores criollos en los Cabildos del Imperio, aunque limitada ante la pesada ubicuidad de la autoridad monárquica, habría de ser clave para la proliferación de ideas políticas modernas y para el surgimiento de los movimientos de independencia que arroparon al continente a principios del siglo XIX. No obstante la proliferación de ideas democráticas ilustradas (modernas) por cada rincón del Imperio a partir de la Revoluciónrevolución: cambio violento y profundo en las instituciones políticas, económicas o sociales de una nación. francesa, fomentada en gran parte por los Cabildos, el Estado español mantuvo el poder ejecutivo de sus territorios ultramarinos en manos de funcionarios reales enviados de la metrópolis. En Puerto Rico, el gobernador fue una figura todopoderosa y despótica.

Cuando Estados Unidos invadió con éxito a Puerto Rico durante la Guerra Hispanoamericana (1898) y tomó posesión de la isla, se encontró ante la encrucijada de tener que implantar un Gobierno civil para el nuevo territorio. Pero el régimen político que estableció el naciente Imperio para el país experimentó más continuidad que cambios, al menos en lo que respecta a la institución del gobernador. Por un lado, se habían hecho promesas de reemplazar el absolutismo español con instituciones modernas y democráticas, pero al mismo tiempo se entendía que la isla, por tener una ubicación geográfica de alto valor estratégico (geopolítico), habría de jugar un papel clave para la expansión naval del nuevo Imperio. Y como en Washington se pensaba que la isla tenía una población racial y culturalmente desaventajada con relación a los anglosajones de la metrópolis, lo cual los hacía incapaces de manejar adecuadamente instituciones democráticas, se concluyó que era imperativo asegurar el control político total mediante instituciones que fueran responsables directamente al Gobierno de Washington. Por lo tanto, la Ley Foraker (1900), que estableció el primer Gobierno civil en Puerto Rico bajo el nuevo régimen, replicó la tradición imperial española de concentrar el poder político en un Ejecutivo dirigido por un gobernador nombrado por la autoridad imperial, en este caso el presidente de Estados Unidos. El nombramiento era por cuatro años, pero el presidente podía destituirlo a su arbitrio. El cargo de gobernador creado por la Ley ForakerLey Foraker: Conocida como la Ley Orgánica del año 1900, fue la legislación estadounidense que autorizó el establecimiento del gobierno civil en Puerto Rico. ostentaba el carácter dual de jefe ejecutivo del Gobierno insular y representante de la metrópoli. Aunque esta ley también creó una Asamblea Legislativa con una Cámara Baja (Cámara de Representantes) que habría de ser electa por el pueblo cada dos años, estableció en lugar de un Senado elegido, un Consejo Ejecutivo nombrado por el Gobierno de Estados Unidos, del cual seis secretarios de Gobierno, también nombrados por el presidente, eran miembros. Al mismo tiempo, pese a la designación formal del Departamento del Interior federal para velar sobre los asuntos de Puerto Rico, la Marina de Guerra asumió desde el principio un papel dominante en la política colonial. Este estado de situación no se alteró con la reforma constitucional instaurada por la Ley JonesLey Jones: Legislación aprobada en el 1917 por el presidente Woodrow Wilson que otorga la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños. Además, mediante ésta se separaron las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, se creó una legislatura bicameral localmente elegida y se concedieron derechos civiles a los ciudadanos. (1917), a pesar de que sustituyó al Consejo Ejecutivo con un Senado elegido por sufragio popular. No obstante, los gobernadores seguían siendo enviados por Washington con poderes cuasi absolutos. La brutal represión política liderada por el gobernador Blanton Winship contra los nacionalistas puertorriqueños durante la década del 1930 hacía eco de las extremas acciones de los gobernadores “omnímodos” españoles contra la disidencia política durante el siglo XIX. Hasta terminada la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), Puerto Rico tuvo gobernadores estadounidenses nombrados por el presidente de Estados Unidos sin que mediara interpelación alguna por parte de la comunidad puertorriqueña.

Pero la Segunda Guerra Mundial habría de cambiar el ambiente político imperial. Las economías de Alemania, Japón y la Unión Soviética fueron desoladas por los efectos de la guerra, mientras que los otros imperios europeos tradicionales, como Francia e Inglaterra, se encontraban en pleno proceso de desilusión. Solo Estados Unidos mostraba señales de crecimiento y poder, lo cual le proveyó el liderato económico y político sobre el resto del mundo. La descolonización de territorios en los viejos imperios era la orden del día, y la creación de la Organización de las Naciones Unidas testimoniaba ese impulso democratizador en todo el planeta. En el Caribe se independizaron las antiguas colonias inglesas, francesas y holandesas, mientras Estados Unidos, en respuesta a esa presión descolonizadora, buscó maneras de democratizar el Gobierno de su colonia puertorriqueña sin que el proceso de hacerlo afectara negativamente sus intereses estratégicos (geopolíticos) en la región.

El primer cambio importante en lo que respecta a la institución del gobernador se dio en 1946 cuando el presidente Truman, a instancias del gobernador saliente Rexford Tugwell, nombró a un puertorriqueño, Jesús T. Piñero, gobernador de Puerto Rico. Era la primera vez en la historia del país que un nacional puertorriqueño asumía el cargo de gobernador. Un año más tarde, el Congreso aprobó la Ley de Gobernador Electivo, poniéndole fin a los nombramientos presidenciales y reconociendo el derecho, según el principio de la libre determinación, a elegir al primer ejecutivo del país cada cuatro años, mediante el sufragio universal. En 1948, hace tan solo poco más de medio siglo, Puerto Rico eligió a su primer gobernador: Luis Muñoz Marín. Cuatro años más tarde se aprobó la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; es decir, la ley orgánica que habría de organizar el Gobierno del país y establecer los principios políticos que le dan forma al Estado. En ella se valida la elección periódica (cada cuatro años) del gobernador por voto popular y se describe su papel como primer ejecutivo. Por primera vez, el gobernador de Puerto Rico pasó a ser, en términos reales y simbólicos, la figura política más importante y poderosa del país, en representación de la voluntad expresa de la comunidad a la cual sirve.







Autor: Roberto Gándara Sánchez
Publicado: 11 de septiembre de 2014.

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