Gobierno / El principio de representatividad
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La Constitución de Estados Unidos, la cual sirvió de modelo conceptual para la redacción de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por la Asamblea Constituyente (1952), establece que el Parlamento nacional, que allá se llama Congreso de Estados Unidos, sería un cuerpo bicameral representativo de los ciudadanos del país a base de dos criterios: uno territorial y otro poblacional. Una Cámara Alta, el Senado, se habría de organizar incorporando a dos representantes por cada territorio (estado) independientemente del número de residentes que tuviera cada uno. Y la otra, la Cámara Baja o Cámara de Representantes, tendría miembros elegidos por distritos poblacionales cada uno con igual número de residentes. Por lo tanto, los estados con mayor población tendrían más representantes que aquellos con menos residentes. Es decir, cada representante de la Cámara de Representantes habría de representar igual número de personas.

La razón por la cual se entendió que la representación por territorio (por estado) era importante surge de que antes de adquirir la independencia de Inglaterra, cada una de las trece colonias había madurado sus propias estructuras internas, sociales y económicas, y mostraban idiosincrasias particulares que no necesariamente eran compartidas por los otros estados que optaron por crear una unión política entre ellos. Por ejemplo, algunas de las colonias habían desarrollado actividades comerciales, marítimas y financieras sobre las cuales fundaban su prosperidad, mientras que otras seguían dependiendo principalmente de la producción agraria y la mano de obra esclava como principal elemento de su actividad económica. En otras palabras, mientras partes del nuevo país participaba del capitalismo expansivo de la Revoluciónrevolución: cambio violento y profundo en las instituciones políticas, económicas o sociales de una nación. Industrial europea, otras permanecían arraigadas a prácticas esclavistas premodernas. Además de esas diferencias económicas, sociales y culturales, al momento de la independencia cada colonia había consolidado grupos de poder específicos arraigados a sus ambientes inmediatos que se sentían privilegiados y poderosos dentro de sus respectivos territorios. Moverse hacia una unión política a la cual se le cederían ciertos poderes soberanos, lo cual a todas luces era un experimento audaz, creaba cierta incertidumbre y desconfianza entre estas clases. La solución más prudente, por lo tanto, fue asegurar que los territorios retuvieran cierto nivel de poder dentro de la estructura de un Gobierno central (federal). Este problema político desató un debate muy intenso entre estos señores, entre federalistas y centralistas, entre los que pensaban que debería crearse una Unión de carácter federalista en la cual cada estado retenía una amplia gama de competencias políticas y aquellos que proponían un Gobierno central fuerte capaz de organizar normas comunes y lazos de beneficio mutuo. El consenso entre los historiadores modernos que han estudiado el devenir de los primeros años de la República, es que para comienzos del siglo XIX, el sentimiento de lealtad al territorio particular era más fuerte que el sentimiento nacional. El nacionalismo estadounidense que tan bien conocemos hoy día habría de demorar muchas décadas, pasando por una Guerra Civil y la organización de un Imperio ultramarino, el logro de un hegemonía mundial (militar, política y económica) y la extensión, cada vez más abarcadora, de una burocracia federal sobre los asuntos de la vida ciudadana.

Para ilustrar el punto, la primera fórmula de unión política en Estados Unidos fue una confederación (Articles of Confederation), bajo la cual cada estado retenía amplios poderes, incluyendo la autoridad para mantener su propia milicia y acuñar su propia moneda. Más tarde se anuló ese acuerdo y se adoptó la Constitución que ahora conocemos, pero la desconfianza compartida mantuvo el criterio de que cada estado tendría la misma representación en el Senado: dos por cada territorio independientemente de su tamaño, población o nivel de riqueza. Vale recordar que según la Constitución original los miembros del Senado no se elegían por voto popular, sino que eran designados por las legislaturas locales. Esta medida orientada a garantizar el poder de las clases económicas locales, los más pudientes, no fue derogada hasta que se enmendó la Constitución entrado ya el siglo XX, cuando se autorizó la elección de los senadores por voto popular, y se constituyó un proceso más democrático.

Pero aún prevalece otro mecanismo que limita la acción electoral democrática a cambio de otorgarles más control político a las grupos políticos estatales. Se trata del llamado voto electoral. En Estados Unidos, el presidente no es elegido por voto directo, sino por un Colegio Electoral Estatal. Técnicamente, los ciudadanos autorizan a los electores de esos colegios, quienes entonces seleccionan a uno de los candidatos. (Ha habido ocasiones, como en las elecciones del 2000, cuando un candidato, Al Gore, obtuvo la mayoría del voto popular, pero perdió la presidencia ante otro, George W. Bush, debido a que este obtuvo más votos electorales).

En cuanto al Poder Legislativo, por lo tanto, la tradición política de Estados Unidos propende al sistema bicameral. Vale reconocer que en los cincuenta estados que componen hoy la federación estadounidense, solo uno (Nebraska) tiene una legislatura unicameral. Ante esta tendencia, no es de extrañar que cuando el Congreso se enfrentó a la necesidad de organizar, por ley, un Gobierno civil para administrar su nueva colonia en el mar Caribe, Puerto Rico, aprobando la Ley Foraker (1900), impusiera una Legislatura bicameral (a pesar de que los miembros de la Cámara Alta, a la cual llamó Consejo Ejecutivo, no eran electos, sino nombrados por el presidente de Estados Unidos).

Si el criterio para dividir el Parlamento en dos Cámaras, una de representación territorial y otra poblacional, se basa en el supuesto de que existen diferencias territoriales, culturales, sociales, económicas y políticas que se deben tomar en cuenta al momento de considerar y aprobar legislación, cabría pensar que países homogéneos como Puerto Rico, donde ni siquiera hay divisiones territoriales formales más allá de los municipios, la presencia de un cuerpo bicameral podría considerarse superfluo. Tan es así, que para poder justificar la representación territorial, Puerto Rico fue dividido arbitrariamente en ocho distritos senatoriales, los cuales no existen como unidades políticas, administrativas y jurisdiccionales.

El diálogo pertinente hoy día debe girar en torno a los valores políticos relativos de los sistemas bicamerales y unicamerales, en cuanto a su eficiencia operacional, desarrollo institucional, prácticas democráticas (o autoritarias) y consecuencias sobre las dinámicas de las luchas de poder y los mecanismos internos de los partidos políticos. También debemos remontarnos al valor ilustrado (filosófico e histórico) de la relación armónica que debe existir entre lo autóctono y las instituciones políticas para la construcción de una vida ciudadana autónoma.





Autor: Roberto Gándara Sánchez
Publicado: 11 de septiembre de 2014.

Version: 13011811 Rev. 1
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