Gobierno / Los orígenes de la Legislatura puertorriqueña
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La evolución de la institución parlamentaria en Puerto Rico ha sido tardía e incompleta en comparación con otras partes de América, debido, en gran medida, a la relación de dependencia colonial de la isla, primero con España y luego con Estados Unidos. Pero otros factores internos han contribuido también a este desarrollo tardío y deficiente; entre ellos se destaca el enorme control que ejercen los partidos políticos sobre la dinámica interna de la Legislatura y cómo este poder se derrama sobre el proceso legislativo. El dominio partidista sobre la plantilla legislativa y su desempeño continúa hasta nuestros días y es en gran medida responsable de que los principios de representatividad y separación de poderes, centrales para la normativa democrática moderna, no hayan logrado arraigarse a cabalidad en nuestra cultura política. La persistencia del atavismo autoritario de ambas estructuras imperiales: España y Estados Unidos, al igual que de la organización interna de los partidos políticos, sigue ejerciendo una influencia negativa para el desarrollo de la democracia puertorriqueña.

Durante los cuatro siglos de Gobierno español en Puerto Rico, las estructuras administrativas del Estado fueron tan solo un reflejo de los organismos autocráticos del poder monárquico-imperial, extendido al control de sus territorios ultramarinos. A través de ese largo periodo histórico, las instituciones de la monarquía española vivieron periodos de transformación interna, algunos de extensas reformas, pero en ningún momento se permitió la participación de los sectores criollos en las estructuras de poder, más allá de los niveles inferiores de los Gobiernos locales o cabildos —hoy conocidos como municipios—. El sistema piramidal del poder monárquico con el rey en la cima de una burocracia real que extendía sus poderosos tentáculos sobre todos los asuntos territoriales, tanto en la península como en sus colonias, le concedía un espacio político a la Iglesia y la aristocracia a la burguesía comercial peninsular (española), pero mantenía un férreo control sobre todos los aspectos de la vida social en las colonias. En territorio americano, el Estado español privilegió siempre a los peninsulares (españoles residentes en las colonias) sobre los sectores criollos (los nacidos en las colonias americanas), aun los que representaban a las clases agrícolas y comerciales más pudientes.

Durante la segunda parte del siglo XVIII, bajo la dinastía borbónica, hubo una reorganización extensa de la administración colonial americana motivada por el deseo de aumentar la productividad económica y mejorar la eficiencia administrativa, mediante la aplicación de nuevas teorías económicas ilustradas y una mayor eficacia burocrática en el manejo racionalizado (técnico) de los asuntos imperiales. Pero la estructura autocrática del Imperio se mantuvo firme y pocos años más tarde, cuando advino el movimiento revolucionario en Francia con su ética de libertades ciudadanas (la Revoluciónrevolución: cambio violento y profundo en las instituciones políticas, económicas o sociales de una nación. francesa), las clases criollas en el continente americano desataron una guerra de independencia con el fin de ponerle fin al domino español y establecer instituciones liberales de nuevo cuño para gobernar las recién creadas repúblicas independientes.

En Cuba y Puerto Rico, sin embargo –territorios que quedaron bajo el control de la Corona española durante el siglo posterior a las guerras de independencia (siglo XIX)— la pérdida de los territorios continentales trajo un recrudecimiento de las políticas represivas, las cuales se montaron sobre el supuesto de que las clases criollas no eran de fiar en cuanto a obediencia cívica y lealtad al régimen. A lo largo de ese siglo, por lo tanto, y a pesar de que en España hubo momentos de ensayo con valores y esquemas liberales, no se desarrolló en Puerto Rico una institución parlamentaria que representara a los sectores criollos y compartiera el poder político con los administradores de la metrópolis española.

No fue hasta la llegada de los estadounidenses, por lo tanto, que se inició en el país un desarrollo político institucional basado en principios republicanos (sin que esto representara una limitación al control político por parte del nuevo Imperio). Pero este proceso no fue inmediato, a pesar de que los invasores declararon al llegar que su objetivo era importar a este territorio las virtudes del sistema republicano de gobierno y las libertades ciudadanas que existían en Estados Unidos. Tras la invasión del 1898, el nuevo régimen introdujo un Gobierno militar de carácter absolutista que duró dos años. En el 1900, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley ForakerLey Foraker: Conocida como la Ley Orgánica del año 1900, fue la legislación estadounidense que autorizó el establecimiento del gobierno civil en Puerto Rico., la primera ley orgánica que establecía un Gobierno civil para Puerto Rico, una de sus nuevas colonias ultramarinas.

La Ley Foraker estableció la primea institución parlamentaria en Puerto Rico, pero limitando enormemente el ámbito de sus poderes institucionales. La Asamblea Legislativa que se creó estaba dividida en dos cámaras: una Cámara de Delegados elegida por el pueblo, por voto directo y una Cámara Alta (Consejo Ejecutivo) conformada por el gabinete del gobernador nombrado por el presidente de Estados Unidos, con alguna participación selecta de puertorriqueños que también eran nombrados por el presidente. El poder político quedaba claramente en manos del Gobierno imperial y la estructura parlamentaria creada por la Ley Foraker tan solo tenía un valor simbólico y retórico en cuanto a los principios de representatividad y separación de poderes. Según esta ley orgánica, el gobernador también tenía la potestad de vetar cualquier ley que aprobara la Cámara de Delegados. En otras palabras, el Parlamento colonial podía aprobar leyes siempre y cuando el gobernador, como representante del presidente de Estados Unidos, lo permitiese. La oposición en el país a esta estructura autocrática de Gobierno civil no tardó en hacerse sentir y el déficit democrático que la ley representaba se convirtió en una de las críticas recurrentes de todos los sectores políticos criollos que interpretaron esa subordinación parlamentaria como una promesa incumplida del nuevo Imperio.






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