Gobierno / Los antecedentes históricos del Parlamento (I)
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El Parlamento moderno, considerado por la ética democrática como una institución política indispensable del Estado nacional, es la culminación de un largo y accidentado proceso de transformación histórica que tiene sus orígenes en la Edad Media, cuando la ausencia de una autoridad estatal centralizada (tras la desintegración del Imperio romano de Occidente) requirió que los individuos y las comunidades locales buscaran la protección (seguridad) de un guerrero (señor). Así surgió un sistema de vínculos personales basado en obligaciones recíprocas, llamado relaciones de vasallaje, mediante el cual un señor proveía seguridad personal y estabilidad territorial a cambio de fidelidad y servicios personales, entre los cuales resaltaba el servicio militar y el pago de tributos. Es decir, el vasallo, a cambio de protección, tenía que prestar servicio en la tropa del señor cuando este lo requiriera, y estaba obligado a pagarle parte de su ingreso en moneda, en productos o en trabajo. Los señores, a su vez, se subordinaban a otros más poderosos (se avasallaban entre sí), creando una cadena jerárquica de vasallaje que se extendía por todos los reinos europeos. A la cabeza de esa cadena reinaba un príncipe (primero entre pares) usualmente designado rey o emperador.

La relación de vasallaje, como era de esperarse, era fuente de riquezas y privilegios para la aristocracia (señores), estaba sancionada por la Iglesia (en nombre de Dios) y pasó a ser la institución más ubicua, poderosa y duradera de la Edad Media; no solo era el vasallaje un vínculo vitalicio e indisoluble, sino que era obligatoriamente heredado por los descendientes (tanto de los señores como de sus vasallos) según las reglas tradicionales de herencia.

La importancia política de esta institución consistía en que mientras el vasallo delegaba poderes políticos a su señor, esta delegación no era absoluta y estaba predicada en la obligación del señor hacia su vasallo. En términos teóricos, la relación era voluntaria en sus orígenes y se montaba sobre un juramento personal consignado por ambas partes. Es decir, el señor se obligaba a proteger los intereses, la seguridad y el bienestar de sus vasallos. Por lo tanto, la autoridad política del señor en este marco de relaciones de vasallaje (incluyendo la del rey), no estaba ilimitada, en tanto quedaba enmarcada en obligaciones contractuales, sancionadas por la moral y la ley. No es de extrañar que más tarde, cuando las monarquías poderosas, (las llamadas monarquías absolutas) establecieron administraciones burocratizadas y centralizadas en sus reinos, logrando usurpar los poderes locales y aristocráticos tradicionales, se levantaron focos de resistencia política, algunos de los cuales resultaron en actos de magnicidio, como ocurrió en Inglaterra a mediados del siglo XVII. Estos movimientos políticos justificaron sus acciones sediciosas aludiendo a la tradición de las obligaciones morales y legales del rey hacia los gobernados, según fijada en los vínculos medievales de vasallaje. Mientras el rey reclamaba que su poder soberano emanaba de Dios, los rebeldes insistían en que su legitimidad como gobernante radicaba en su vínculo con la comunidad.

El feudalismo, como se designa este sistema medieval de relaciones de vasallaje, a veces se complicaba a causa de las coyunturas que ponían en crisis la interpretación de estas relaciones jerárquicas. Por ejemplo, a mediados del siglo XI, Guillermo, duque de Normandía (y vasallo del rey de Francia) aceptó el juramento de fidelidad de Haroldo, un noble sajón de Inglaterra que se había unido a Guillermo en una guerra entre los normandos y sus vecinos bretones. Poco después, Haroldo fue designado rey de Inglaterra por los señores del reino sajón (el rey anterior murió sin herederos) y pensó que su juramento de lealtad a Guillermo, un mero duque, quedaba invalidado por su ascensión al trono inglés, un lugar de mayor jerarquía en la cadena de vasallaje. Guillermo, no obstante, sintió que Haroldo había violado su juramento de vasallaje, lo cual además de ser un delito político era considerado un pecado ante Dios y organizó como castigo una invasión de Inglaterra en el año 1066. Después de matar a Haroldo en la batalla de Hastings, Guillermo se coronó rey de Inglaterra. El evento habría de tener consecuencias enormes en la historia de Inglaterra, tanto políticas como culturales.

Como Duque de Normandía, Guillermo le debía fidelidad al rey de Francia, pero como rey de Inglaterra su poder era autónomo. Lo interesante del sistema es que todos los vasallos normandos de Guillermo, en virtud de que la relación de vasallaje era personal y no territorial, pasaron a ser también vasallos del rey de Inglaterra. Así comenzó una larga época de hegemonía normanda en Inglaterra y de conflictos jurisdiccionales que culminaron, varios siglos más tarde, en la guerra de los Cien Años entre Francia e Inglaterra.

Otro ejemplo emblemático es el cuento que narra el Poema del mío Cid, que toma lugar en Castilla (España) en el siglo XIII y gira en torno a la relación de un noble castellano (señor feudal) al servicio del rey Alfonso. Uno de los temas principales del poema es la virtud de las relaciones de vasallaje y su importancia para el bienestar de la comunidad. En este caso, el rey es el que moralmente erró en su relación con el Cid Campeador, su vasallo, comprometiendo su vida y causando un distanciamiento entre ellos. Las consecuencias humanas, familiares y políticas que narra el poema son el trágico resultado del incumplimiento a cabalidad de las obligaciones del rey con su vasallo. El poema resume la tragedia, con un lamento sobre la trasgresión del rey Alfonso, mientras reafirma las virtudes del Cid: “que buen vasallo, si tuviera un buen señor”.

Lo relevante de estas dos anécdotas en el contexto del tema de los orígenes de la tradición parlamentaria es señalar que en Occidente, desde mucho antes de la Modernidad, ha habido una preocupación constante respecto a la distribución horizontal o vertical del poder político, sus normas y las consecuencias de su mal uso o abuso. El pensamiento literario y filosófico occidental está repleto de reflexiones sobre estos temas. El argumento recurrente, independientemente de las variaciones ideológicas, culturales y coyunturales, es que toda autoridad política debe estar constreñida por instituciones que establezcan con claridad las obligaciones y responsabilidades recíprocas de los gobernados y de los gobernantes. El orden y el bienestar social dependen de que la autoridad política se ejerza dentro del marco de estas normas y no de forma arbitraria o abusiva (autocrática).

Por eso, aun en tiempos de enorme inseguridad e inestabilidad, los señores feudales (la aristocracia) que componían las cadenas de poder aristocrático mientras administraban de forma autónoma sus sendos territorios, abrían espacios de participación política dentro de sus jurisdicciones a representantes de sus súbditos, como deferencia a la voluntad del gobernado. Al mismo tiempo establecieron hábitos y mecanismos para compartir las decisiones del reino con el monarca, utilizando como punto de partida (y límite funcional) la idea del vínculo de las obligaciones recíprocas. La más ubicua de esas instituciones fue la de los consejos o concilios reales, constituidos por los monarcas y los señores de mayor jerarquía, incluyendo a representantes de la Iglesia. En España, por ejemplo, se organizaron concilios reales para administrar los reinos de Castilla y Aragón, y otro para atender los asuntos de sus posesiones de ultramar, llamado Consejo de Indias. En estos cuerpos colectivos se discutían los asuntos del reino y se tomaban decisiones vinculantes. El Consejo de Indias llegó a tener una injerencia directa sobre los asuntos de Puerto Rico, incluyendo la articulación de políticas públicas (incluyendo la redacción de normas y estatutos) y la recomendación de candidatos para gobernar el territorio isleño.

Para el siglo XVI, en Inglaterra esta institución había evolucionado en el Parlamento inglés, una institución constituida por aristócratas y eclesiásticos (con cierta participación de los sectores económicos) que compartía con el rey las leyes del reino, sus beneficios y las decisiones políticas de la administración real.

El desarrollo de las monarquías centralizadas en términos de control administrativo y territorial se dio en un marco histórico de tensiones permanentes entre el estamento aristocrático y los monarcas, desatando en ocasiones conflictos dramáticos. Cuando reinaban reyes competentes y efectivos y se daban coyunturas históricas que favorecían la centralización de la autoridad, el poder de los monarcas crecía a expensas de la nobleza. Tal es el ejemplo de España a fines del siglo XV, cuando los reyes Católicos consolidaron las monarquías de Castilla y Aragón, expulsaron a los moros de la península y comenzó la colonización del Nuevo Mundo. Por el contrario, cuando reinaban monarcas débiles e ineptos, como fue el caso de Juan sin Tierras (King John) en Inglaterra a principios del siglo XIII, los señores extraían poderes autónomos (privilegios feudales) a expensas de la autoridad del rey. La Magna Carta que el rey Juan fue forzado a endosar por los señores del reino británico en el 1225, y que se celebra hasta el día de hoy como uno de los documentos fundacionales de la tradición parlamentaria, no es más que una confirmación codificada en ley de los privilegios feudales medievales que el monarca, como primero entre pares, estaba obligado a respetar.

En cierto modo, se puede decir que la transición de la Edad Media a la modernidad —en términos de la vida política— estuvo irreversiblemente marcada por la consolidación del poder monárquico a expensas de los privilegios feudales; un proceso que culminó con las grandes monarquías absolutas y burocratizadas, particularmente en Francia e Inglaterra en los siglos XVII y XVIII. Vale apuntar, sin embargo, que durante esta época de consolidación monárquica surgieron, con renovada energía, movimientos contestatarios que utilizaron la tradición medieval y el principio parlamentario de representación sectorial como arma ideológica en contra del absolutismo real. En Inglaterra, por ejemplo, el Parlamento fue la institución política en torno a la cual se organizó, a mediados del siglo XVII, el desmantelamiento de la monarquía absoluta (incluyendo el magnicidio de los reyes Charles II y James I), introduciendo, en su lugar, el sistema de la monarquía constitucional que sentó las bases constitucionales del modelo de Estado democrático británico de la época moderna. Y más tarde, al final del siglo XVIII, el llamado Siglo de las Luces, la Revoluciónrevolución: cambio violento y profundo en las instituciones políticas, económicas o sociales de una nación. estableció de forma definitiva la relación indisoluble entre los Parlamentos y la libertad política de los ciudadanos.


Continúa en... Los antecedentes históricos del Parlamento (II)



Autor: Roberto Gándara Sánchez
Publicado: 11 de septiembre de 2014.

Version: 13011802 Rev. 1
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