Gobierno / Tendencia actual hacia la centralización estatal
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Los cambios en la institucionalidad de los Estados nacionales a principios del siglo XXI muestran dos tendencias paralelas. Por un lado, la globalización de la economía, posibilitada por adelantos tecnológicos en los campos de la información, el transporte y las comunicaciones, presiona para que los Estados depongan su función tradicional de regular la actividad económica dentro de sus fronteras y adopten normas supranacionales comunes que permitan el flujo irrestricto de capital de inversión entre países y faciliten la desterritorialización de los centros de producción e intercambio. La eliminación de barreras proteccionistas y controles rigurosos por parte de las agencias del Estado dirigidas a estabilizar la actividad económica interior y velar al mismo tiempo por el interés público, fue introducida en Estados Unidos bajo la presidencia de Ronald Reagan (1981-1989) y tuvo un apoyo decidido en la administración Bush-Cheney (2001-2009). Esta tendencia, llamada desregulación, introdujo lo que Robert Reich, economista y exsecretario del Trabajo del presidente Clinton, llamó supercapitalismo; es decir, una forma particular de capitalismo que encumbra los intereses del capital multinacional de inversión y la cultura consumista sobre las prácticas tradicionales de equidad y responsabilidad social del estado benefactor. Atrás ha quedado la noción de que el Estado, mediante el control directo de la actividad económica, está llamado a proteger a la sociedad de las acciones depredadoras que les son naturales a las organizaciones corporativas. También se ha cuestionado la tradición del Estado moderno de compensar los efectos de la desigualdad en la repartición de riquezas mediante un abarcador sistemas de servicios sociales. En la medida en que se desmantelan las instituciones del estado benefactor, dice Reich, van achicándose las clases medias y se abre más la brecha entre ricos y pobres.

Este tema de la relación de los Estados con la economía en tiempos de globalización y cómo esta afecta las prácticas de responsabilidad social ocupa hoy un lugar privilegiado de atención académica, profesional y mediática, particularmente a partir de la crisis financiera que comenzó en 2008. Las desastrosas consecuencias de esa crisis para la economía planetaria (que ha sido particularmente tóxica para Puerto Rico) ha hecho que también se conviertan en un asunto prioritario de reflexión en la esfera pública y que tenga consecuencias electorales.

La otra tendencia paralela de transformación del Estado moderno, según se percibe en Estados Unidos, es hacia la concentración de poderes políticos en el Gobierno central a expensas de las competencias estatales y locales tradicionales. No solo ha aumentado considerablemente el poder real y simbólico de la presidencia y el Congreso, sino que la burocracia federal ha estado expandiendo constantemente sus tentáculos sobre todas las fases de la vida pública del país. Esta tendencia centralista no es reciente y puede ser trazada a los orígenes del país; pero hay tres momentos históricos en que se ha acelerado. La primera fue a partir de la Guerra Civil, cuando el Gobierno unionista intentó limitar las competencias de los estados del sur, asumiendo el control directo de muchas de las competencias que a esa fecha habían sido exclusivas de las unidades federadas y no del Gobierno central. A este episodio de la historia de Estados Unidos se ha designado la Reconstrucción. El segundo momento fue cuando se introdujo, en 1933, la política del Nuevo Trato del presidente Franklin Roosevelt, la cual proponía que la Gran Depresión del 1929 tuvo su origen en la incapacidad del mundo corporativo, particularmente de sus instituciones financieras, de autorregularse y poder estimular la recuperación de la economía. El Gobierno federal, por lo tanto, tenía que asumir un papel protagónico en el proceso de regenerar la prosperidad económica. Este proceso, que generó una inversión cuantiosa en la construcción de obras masivas de infraestructura de energía y transporte, incluyó la creación de múltiples agencias reguladoras (que están en pie hoy) cuya responsabilidad es controlar las tendencias depredadoras del mercado mediante la implantación de rigurosas normas y reglamentos. Otra medida emblemática del nuevo estado benefactor fue la implantación del sistema del seguro social, considerado hoy como la válvula de protección social más exitosa del país. Bajo Roosevelt maduró el estado de beneficencia que sigue vigente en nuestros días, aunque ahora está bajo asedio por las fuerzas neoconservadores que representan el Partido Republicano y su componente del Tea Party.

El tercer momento histórico de ampliación de los tentáculos del Gobierno federal data del final de la Guerra Fría y la consolidación de la hegemonía de Estados Unidos, económica, militar, política y cultural, y su reconocimiento universal como única potencia mundial. Administrar esa función hegemónica, imperial, requiere un Estado altamente centralizado que contrarreste las tendencias centrífugas federalistas que abonan a la dispersión de competencias. No es difícil percatarse de que administrar una hegemonía económica, imperial sobre las distintas regiones del planeta, incluyendo situaciones de graves conflictos políticos, requiere de una alianza funcional entre los agentes económicos y e Estado que le provea continuidad a la política del Estado y permita reacciones inmediatas y eficientes. Mientras más se globaliza la economía y más apremiante es el papel de Estados Unidos como policía planetaria al servicio de esa economía, más imperativo es la centralización del poder político. Por eso la ironía de que durante la presidencia de Reagan, a pesar de que él utilizaba la retórica de que había que reducir el tamaño e injerencia del Gobierno, el gasto del tesoro federal aumentó exponencialmente y se expandió de forma gigantesca la estructura militar, mientras la burocracia federal ampliaba su poder sobre las jurisdicciones estatales y locales tradicionales.

Estas mismas presiones históricas conducentes a la centralización política han logrado también ampliar el poder del presidente vis a vis el Congreso, en contraposición de la norma de separación de poderes. Por ejemplo, la Constitución establece que solo el Congreso puede autorizar la guerra, pero, a partir de la Guerra Fría, los presidentes se las han arreglado para entrar en conflictos bélicos sin que medie una declaración formal de guerra por parte del Congreso. Así fue en Corea bajo Harry Truman; Vietnam con tres presidentes, John Kennedy, Lyndon Johnson y Richard Nixon, y más recientemente en Irak y Afganistán bajo la administración Bush-Cheney. Es en reconocimiento de esta insólita expansión de poderes ejecutivos que se han acuñado los términos monarchical presidency (presidencia monárquica) e imperial presidency (presidencia imperial).

Pero la centralización no es exclusiva en la institución de la presidencia. El poder de la corte federal también ha penetra cada vez más la fibra social del país. No hay área de convivencia en las cuales las políticas estatales no caigan bajo el escrutinio de los tribunales federales. Esa tendencia también se ha vivido en Puerto Rico, donde el Tribunal de Distrito Federal y la Fiscalía Federal (que responden al secretario de Justicia o attorney general) han expandido enormemente su ámbito jurisdiccional durante las últimas décadas, bajo el supuesto de que sus poderes jurisdiccionales son ilimitadamente superiores al de las agencias del Estado Libre Asociado.

Uno de los aspectos formales de la Constitución estadounidense que más ha contribuido a la expansión de los poderes del Gobierno central (federal) es la disposición de que los conflictos jurisdiccionales entre las unidades federadas (los estados) y el Gobierno central sean resueltos por el Tribunal Supremo, que es una institución federal. Es decir, una de las partes en conflicto es la designada para resolver el conflicto. Esto representa una violación de uno de los principios jurídicos universales (valores democráticos), el cual estipula que un conflicto entre dos partes debe ser arbitrado por un tercero. En contraste, la Confederación Helvética (Suiza) asigna los conflictos de jurisdicción territorial a un árbitro independiente del Gobierno central de la confederación. [Cabe preguntar si no sería más cónsone con la ética democrática establecer un mecanismo similar para resolver conflictos jurisdiccionales futuros entre Puerto Rico y Estados Unidos].

En resumen, el camino hacia una mayor consolidación de poderes políticos en las agencias federales (centrales) y la presidencia, contraviniendo las competencias de las unidades territoriales y de las otras ramas del Gobierno, han llevado a muchos historiadores y observadores políticos a lamentar las consecuencias de esta tendencia en términos del deterioro de los principios democráticos y el abandono de los valores democráticos, liberales.

Vale aclarar que la tendencia a la centralización no es exclusiva de Estados Unidos, sino que es norma general en el planeta. En todas partes del mundo se ve la expansión de poderes ejecutivos centralizados y un retraimiento de poderes de las otras ramas de Gobierno. En España, para usar un ejemplo europeo, el Gobierno de turno está imponiendo una política impositiva dirigida a limitar las prerrogativas de las Comunidades Autónomas. Mientras acomoda cada vez más sus políticas a los dictámenes de los intereses financieros de la Unión Europea (cediendo prerrogativas soberanas tradicionales), el Gobierno se empeña en derogar en la práctica la estructura descentralizada que la Constitución le otorga al Estado autonómico español. Mirando más cerca, se ha visto al Gobierno de Puerto Rico arremeter contra las autonomías municipales, creadas hace tres décadas como medida descentralizadora, proponiendo en su lugar principios y prácticas de control vertical. Además, se articula cada vez con mayor insistencia que el papel principal de la Legislatura y de los Tribunales es apoyar las políticas del Gobierno electo. El asunto es a todas luces complejo y urge elevar su discusión a la esfera pública con la intensidad que amerita, si es que habremos de seguir valorando los valores de la democracia constitucional.



Autor: Roberto Gándara Sánchez
Publicado: 11 de septiembre de 2014.

Version: 13010908 Rev. 1
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