Gobierno / Medidas cotidianas de excepción
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Las prácticas del estado de excepción no se limitan a situaciones excepcionales. Los Estados democráticos modernos, de acuerdo a la ética liberal, están atravesados por políticas excepcionales que limitan, en la cotidianidad, el ejercicio de los derechos garantizados por el Estado de derecho. En Estados Unidos se ha criticado con insistencia cómo el desarrollo extraordinario del poder presidencial —de la llamada presidencia imperial— ha logrado subvertir el principio republicano de separación de poderes, convirtiendo al Parlamento (Congreso) en una institución subalterna del Poder Ejecutivo y a la Rama Judicial en una herramienta legal para validar acciones que subvierten al Estado de derecho. Algunos historiadores, como Chalmer Johnson, consideran que este desarrollo histórico, mediante el cual los reclamos de seguridad nacional desplazan a los principios libertarios, es producto de la condición natural del imperio extraterritorial; es decir, de tener que administrar, de día a día, su hegemonía mundial. Otra interpretación señala como base de ese singular autoritarismo, el poder que posee el presidente para desatar un conflicto nuclear con consecuencias destructivas nunca antes vistas. Ese poder proviene de su poder constitucional como commander in chief. También se argumenta que el poder real de la presidencia radica en el desarrollo histórico de la institución, en el rumbo normal (mainstream) de la vida política nacional, la cual le ha otorgado al presidente la responsabilidad indelegable de proteger las estructuras sociales nacionales y la comunidad política que la constituye. De acuerdo a esta visión, el Estado de derecho es viable como figura legal, siempre y cuando el Estado, encarnado en la figura real y simbólica del presidente, mantenga la prerrogativa política institucional de utilizar su poder ejecutivo de forma extralegal cuando lo estime necesario. Esta visión autoritaria del Estado, como incorporación política total de la comunidad, significa que no puede estar sujeto a ninguna restricción externa a él, tan siquiera la ley. La libertad individual del gobernado, de acuerdo a la lógica de la excepción, no es una condición natural del ciudadano o del ser humano (como estipula la ética de las democracias liberales), sino que emana de la discreción coyuntural del Estado en el ejercicio de su responsabilidad política indelegable como soberano y protector del bien común. Esos derechos, por lo tanto, pueden ser derogados cuando las circunstancias lo ameriten.

Hay, además, un nivel de cotidianidad donde conviven prácticas de excepción en el Estado de derecho. Mientras se estipula que todos los ciudadanos e instituciones estatales, privadas y autónomas tienen que cumplir con todas las leyes y normas que establece la comunidad, en la realidad no es ese el caso. Es cierto que nadie está formalmente exento de la ley, ni siquiera las instituciones públicas ni la clase política ni los poderosos administradores de turno. Sin embargo, es común que los reglamentos de las agencias públicas les adjudiquen a los administradores el poder de otorgar exenciones de sus propios reglamentos cuando así lo estimen conveniente. Esto quiere decir que el acceso a los administradores del Estado (la clase política) por parte de los intereses privados permite que estos sean eximidos de cumplir alguna ley, norma o reglamento. En otras palabras, nadie está por encima de la ley, normas y reglamentos, excepto cuando se logra que un funcionario extienda una excepción. Un ejemplo que ilustra la normalidad de las prácticas de excepción es el poder del primer ejecutivo de conceder indultos a personas condenadas a prisión por haber cometido algún delito. Un caso notorio fue el indulto que le concedió el presidente Gerald Ford a Richard Nixon; un indulto a priori; es decir, lo liberaba de poder ser acusado de algún delito penal en el futuro.

Las prácticas cotidianas de excepción, una contradicción insalvable que debilita la funcionalidad del Estado de derecho, son de uso cotidiano en Puerto Rico y Estados Unidos, por cual se han codificado en la cultura política puertorriqueña. Los ciudadanos, por una parte, valoran los derechos individuales y la igualdad ante la ley, pero al mismo tiempo confían y buscan que “la autoridad” les otorgue excepciones a las reglas cuando les conviene. Estas prácticas de excepción, comunes en el manejo cotidiano de la cosa pública, representan un lastre autoritario que contradice la ética democrática.





Autor: Roberto Gándara Sánchez
Publicado: 11 de septiembre de 2014.

Version: 13010907 Rev. 1
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