Gobierno / La tradición autoritaria
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El orden republicano y democrático del mundo moderno, con su sistema de ley (Estado de derecho) y de libertades ciudadanas que garantizan, al menos formalmente, la autonomía del individuo, no ha podido evitar que perdure hasta nuestros días la herencia atávica más poderosa de los sistemas jerarquizados tradicionales: el autoritarismo como práctica y como mentalidad. Aunque modificado por la experiencia histórica liberal de más de dos siglos, el autoritarismo atraviesa la institucionalidad democrática con la idea (llevada a la práctica cotidiana) de que el orden y la paz social se logran únicamente mediante la imposición del poder de unos sobre otros (por el uso de la fuerza cuando es necesario), tal y como lo dicta el orden natural y tradicional de las cosas.

De acuerdo a la mentalidad autoritaria, cuando se permite que los individuos actúen sobre sus instintos e intereses particulares, el resultado es el desorden, la inestabilidad, la anarquía y el caos. Es necesario, por lo tanto, que haya una autoridad, incorporada en el Estado y los estamentos de poder, que proteja al orden social. En todo sistema político, incluyendo las democracias formales, esa autoridad se legitima moralmente por una particular estructura jerárquica, encabezada por sectores que incorporan una fuerza superior, sea esta de origen social (de clase) o natural (racial). Esta fuerza superior tradicional puede estar constituida por los representantes de Dios (a pesar de que vivimos en un mundo secularizado), la tradición, la sangre (raza o clase social), la riqueza, la moral, las instituciones, el sistema económico, las convenciones, el poder militar, los gobernantes elegidos o las mayorías electorales. En el caso de los regímenes revolucionarios autoritarios, la autoridad como ente estabilizador es conformada usualmente por los nuevos grupos de poder, los cuales se legitiman por el fundamentalismo de su origen ideológico. En otras palabras, la función principal del Estado —según el ethos autoritario—, es mantener el orden social (y político) existente en representación de una autoridad social interna claramente definida; y su obligación es actuar decididamente para atajar y evitar el brote de toda conducta social disidente que sea potencialmente desestabilizadora y dañina para ese orden.

El autoritarismo presupone que toda sociedad tiene enemigos internos y externos, por lo cual el Estado está obligado a mantener una fuerza policíaca y militar capaz de proteger a los ciudadanos y al orden social. De acuerdo a la mentalidad autoritaria, la cual todavía nos atraviesa como un eje atávico, el ser humano —debido a su naturaleza destructiva— tiende a promover el caos social cuando se le permite actuar autónomamente según sus impulsos naturales, que tienden a ser irracionales. Solo mediante la imposición de medidas efectivas de control social por parte de una autoridad política debidamente constituida en representación de una moral superior (accesible a los grupos privilegiados, pero no al grueso de la población), se puede evitar el efecto nocivo de la conducta anárquica y autodestructiva de los ciudadanos cuando estos logran, “de forma ilegítima”, ocupar espacios autónomos de acción política.

El control efectivo de la conducta social reside en dos pilares ideológicos paralelos y complementarios: por un lado la legitimidad formal y consensuada de una autoridad (régimen) particular validada por la cultura política; y por otro, la capacidad y voluntad política (decisionismo) de acudir a la fuerza, a la violencia, cuando se estime necesario para proteger el orden público. Por eso, la tradición autoritaria le asigna al Estado, y solo al Estado, —en representación de los sectores dominantes— la responsabilidad de protegerse de los enemigos internos y externos, otorgándole el monopolio sobre el uso de la violencia. El monopolio sobre la violencia es uno de los pilares del Estado moderno y constituye uno de los principales principios de legitimación del Estado de derecho, lo mismo para mantener fuerzas miliares, policíacas y penitenciarias, como para instrumentar políticas de represión. El monopolio sobre la violencia y la voluntad de usarla cuando se entienda necesario es también uno de los fundamentos prácticos y teóricos del estado de excepción. (El estado de excepción es la autoridad que retiene el Estado soberano para dejar sin efecto el Estado de derecho y poder actuar al margen de la Ley).

Pero la estrategia principal del autoritarismo no es tanto el uso de la represión y la censura, ni forzar el conformismo del ciudadano por medio de la fuerza y el temor (terror). Sobreponer el valor de la lealtad y la obediencia sobre la autonomía del individuo y su capacitad de actuar racionalmente, es decir, sobre el activismo ciudadano, se logra haciendo que los ciudadanos hagan suyas las ideas y políticas oficiales al grado de considerarlas no como algo impuesto, sino como algo lógico y natural. La propaganda oficial del Estado y el control ideológico por parte de los sectores dominantes son estrategias preferibles a las medidas abiertamente represivas, las cuales, como nos dice la experiencia, pueden tener el efecto contrario de exacerbar los ánimos contestatarios. En otras palabras, para la mentalidad autoritaria la propaganda es una herramienta exponencialmente más importante que el control directo de las instituciones, la imposición de políticas oficiales, la censura externa, la represión y el castigo (aunque estas últimas se mantienen siempre activas por parte del Estado, sobre todo para lidiar con brotes sociales disidentes o de corte revolucionario).

La mentalidad autoritaria también tiende a ser hostil a la pluralidad social, por lo cual privilegia la promoción e imposición, como medida de lo normal, de un patrón cultural homogéneo; es decir, de lo que se propone como que verdaderamente representa a la comunidad nacional histórica y natural. En España, por ejemplo, el régimen autoritario de la dictadura franquista (1936-1973) se autodenominó como un movimiento nacional católico cuya misión era restaurar las normas jerárquicas del catolicismo tradicional en las instituciones sociales y estatales. Las políticas sociales adoptadas por la Segunda República (1932-1939) en reconocimiento de la diversidad cultural, territorial y sectorial, junto al proyecto social de superar patrones tradicionales de privilegios y exclusión, fueron consideradas por el franquismo como causales de desintegración, desorden y decadencia. Al día de hoy, a pesar de que la democracia constitucional ha sido reinstalada en España, todavía hay mucho resentimiento entre los sectores tradicionalistas (autoritarios) ante los reclamos culturales y autonómicos de vascos y catalanes y el empeño de los sectores tradicionalmente excluidos para que se les reconozca sus particulares identidades en condiciones de igualdad. Otro ejemplo contemporáneo es la reacción que se ha dado en Estados Unidos contra la inmigración proveniente de Latinoamérica (incluyendo la puertorriqueña) por considerar que su cultura es extraña al mainstream de la sociedad estadounidense, la cual se define como protestante, blanca y de origen anglosajón. En otras palabras, el pluralismo social y cultural todavía enfrenta, ante el atavismo autoritario tradicional, un largo tramo de arduo cambio social y político.

Otro caso de un Estado con rasgos autoritarios evidentes es China, la potencia emergente del siglo XXI. El Estado chino se ha negado en años recientes a asumir sus responsabilidades en asuntos claves como el calentamiento global y los derechos humanos. En su reclamo de que al Estado, y no a los ciudadanos, le corresponde determinar el bien común, China muestra el caso particular de una estructura formalmente comunista conviviendo con un impulso capitalista brutal que está transformando a la economía del país a pasos agigantados, pero no necesariamente abriendo espacios de democratización.

La práctica de usar la propaganda para esconder ideologías bajo reclamos tecnocráticos y de ideales culturales firmemente ubicados en la tradición y la naturaleza de las cosas es un hábito moderno que no desapareció con los regímenes abiertamente totalitarios del siglo XX (el nazismo, el fascismo, el franquismo y el estalinismo) y sigue siendo hoy la meta explícita de todos los sistemas hegemónicos, incluyendo las potencias occidentales (los países ricos del planeta). Lo que hoy día hace a la propaganda más efectiva que las prácticas abiertamente impositivas, es que cada día esta es más sutil y que no proviene solo del Estado, sino de las estructuras del mundo de la economía; es decir, del mundo corporativo a través de sus herramientas multimillonarias de publicidad y relaciones públicas, con el apoyo de organizaciones cívicas y educativas y, principalmente, con sus aliados mediáticos. El objetivo, sin embargo, sigue siendo el mismo: desalentar el activismo ciudadano, el pensamiento crítico, la desobediencia y, sobre, todo la disidencia.









Autor: Roberto Gándara Sánchez
Publicado: 11 de septiembre de 2014.

Version: 13010904 Rev. 1
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