Gobierno / El estado de excepción
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It is not illegal when the president does it.

--Richard Nixon


La figura jurídica que se contrapone al Estado de derecho es el estado de excepción. En tanto el primero parte del principio de que nadie, ni siquiera los funcionarios del Estado pueden violar la ley; es decir, que nadie, ni siquiera el Estado está exento de cumplir la ley, el estado de excepción, en cambio, presupone que el Estado, en circunstancias que lo ameriten, puede y debe, en aras de proteger el bien general, actuar fuera del marco de la ley e imponer medidas que violan las libertades ciudadanas reconocidas por el orden constitucional.

Hay ocasiones en que el estado de excepción reemplaza formalmente al Estado de derecho, usualmente sin el consentimiento popular. Ejemplos de estos casos es cuando se dan golpes de Estado militares con el propósito de derogar un orden democrático existente y reemplazarlo por un régimen autoritario. Un caso notorio del siglo pasado fue el de España en 1936, cuando el Ejército y la derecha política española, bajo el general Francisco Franco, instrumentaron un golpe de Estado contra la Segunda República Española, legalmente constituida por el ejercicio del sufragio universal, desatando una terrible guerra civil que duró tres años. El régimen autocrático franquista, encarnado en el movimiento nacional-católico, derrocó al Gobierno republicano y estableció una dictadura militar; es decir, un estado de excepción permanente, que duró más de 30 años. Otro caso dramático fue cuando los militares chilenos bajo el general Augusto Pinochet, con la venia de los sectores conservadores de la sociedad chilena y el visto bueno de Estados Unidos, se sublevaron contra al presidente Salvador Allende (cuyo régimen, al igual que el de la República Española, había sido electo por voto popular) e impusieron un estado de excepción brutal liderado por militares cleptómanos que se mantuvieron en el poder por casi dos décadas.

Pero las garras del estado de excepción no solo aparecen en tiempos de golpes militares que derogan normas democráticas. Por razones de supervivencia de las jerarquías sociales tradicionales, las normas de las democracias liberales permiten que el Estado suspenda las garantías constitucionales (derechos ciudadanos) cuando circunstancias extraordinarias externas o internas lo ameriten, aunque se exige, al mismo tiempo, que tal suspensión sea temporal; es decir, que se puede abrogar el régimen de libertades solo mientras duren las circunstancias especiales que propiciaron tal acción. De ahí que al estado de excepción también se le llame estado de sitio o estado de emergencia (en inglés, state of emergency o martial law). Esta forma de proceder es común en tiempos de guerra (amenaza externa); cuando ocurren desastres naturales (para facilitar las labores de emergencia, restaurar el orden en las comunidades y evitar brotes de delincuencia); cuando surgen disturbios sociales (para restaurar el orden público); o para sobrevenir levantamientos políticos (defender la normalidad del status quo).

Hay veces que el Gobierno toma acciones que contravienen el Estado de derecho vigente sin que medie la declaración de un estado de emergencia. Ese fue el caso durante la Segunda Guerra Mundial cuando se internaron en campos de detención a ciudadanos japoneses, en clara violación de los derechos constitucionales. Otras circunstancias también permiten que un estado de tensión social de particular gravedad, por lo general relacionados con cuestiones de seguridad y estabilidad política, motiven la implantación de normas y prácticas de excepción de más larga duración. Algunos casos pueden ser generados por desórdenes callejeros, situaciones de excesiva violencia social o actos políticos organizados en protesta de acciones y políticas oficiales; algunos de los cuales pueden estar acompañados de violencia de Estado. Por ejemplo, el movimiento de derechos civiles iniciado en Estados Unidos por Martin Luther King y la movilización contra de la guerra en Vietnam generaron acciones de extraordinaria violencia por parte del Estado que incluyeron el uso de fuerzas militares contra sus ciudadanos (Little Rock, Washington D.C., Kent State University, etc.).

El estado de excepción también puede penetrar las instituciones sociales de forma más sutil, usualmente disfrazadas de leyes legítimas; es decir, disfrazadas de Estados de derecho. Un ejemplo histórico, también en Estados Unidos, fue cuando el antagonismo hacia el mundo comunista durante la Guerra Fría combinó factores de seguridad interna con la supuesta amenaza exterior de la Unión Soviética para introducir el macartismo; nombre que la historia le ha asignado a unas acciones del Estado particularmente paranoicas, represivas y restrictivas que violaban sistemáticamente las garantías ciudadanas tradicionales. En Puerto Rico, las acciones contestatarias del Partido Nacionalista que culminaron en la Revuelta del 1950 y el ataque al Congreso de Estados Unidos en 1954 causó que se implantaran medidas extraordinarias igualmente represivas. La versión criolla del macartismo fue la Ley de la Mordaza, la cual fue legitimada por la lógica de la excepción y ha venido a simbolizar en Puerto Rico la conducta autoritaria y antidemocrática del Estado cuando el Gobierno percibe alguna amenaza a su estabilidad.

El estado de excepción tiene una extensa literatura legal y teórica. Algunos pensadores importantes como el jurista y filósofo alemán Carl Schmitt (1888-1985) han validado el estado de excepción bajo el supuesto de que la modernidad liberal, encarnada en el Estado democrático constitucional, tiende a incapacitar la función primaria del Estado nacional, que es proteger a la comunidad de sus enemigos internos y externos mediante el ejercicio de la fuerza del poder político. Como la naturaleza de lo político reside en la relación entre amigos y enemigos, solo el poder autoritario del Estado, es decir, irrestricto por la ley, puede proteger el bien común y defender con efectividad los intereses nacionales. Schmitt, que fue un adepto del régimen nacionalsocialista alemán (1933-1945), ha tenido seguidores y discípulos que han ocupado espacios importantes en la construcción política de la República Federal de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Además, su pensamiento ha influido marcadamente sobre el desarrollo de las teorías neoliberales que dominan hoy en día el universo corporativo de la economía globalizada.

Por otro lado, la crítica del estado de excepción, desde una plataforma humanista ilustrada, ha servido para alertar sobre las persistentes contradicciones de los Estados constitucionales modernos; contradicciones que debilitan las instituciones liberales y explican, en parte, la precariedad del estado benefactor liberal o social demócrata. Entre estos críticos destacan investigadores y pensadores humanistas lúcidos como el filósofo italiano Giorgio Agamben. En conclusión, problematizar la institución del Estado de derecho mediante una actitud crítica al estado de excepción, como concepto constitucional y como práctica política, es uno de los grandes retos del mundo político de hoy, imposible de evadir.



Autor: Roberto Gándara Sánchez
Publicado: 11 de septiembre de 2014.

Version: 13010901 Rev. 1
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