Gobierno / La Universidad de Puerto Rico y el estado de excepción
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Un recurso que tienen los administradores del Estado (el Gobierno de turno) para subvertir una ley sin tener que derogarla, es promulgando otra que la contradiga. Hay ocasiones en que una ley, por estar fundamentada en principios consensuados, se convierte en una tradición difícil, si no imposible de derogar. Cuando el poder político abraza ideologías políticas que contradicen esa tradición, la alternativa a tener que afrontar el costo político de derogar la ley, es subvertirla en la práctica, usualmente mediante la aprobación de otras leyes y órdenes ejecutivas. Tal es el caso de lo que ha ocurrido recientemente en la Universidad de Puerto Rico.

La ley universitaria vigente establece que el Estado le habrá de asignar a la Universidad de Puerto Rico (UPR) el 9.6% de sus recaudos anuales. El fundamento de esa ley, aprobada por el gobernador Roberto Sánchez Vilella (1963-1969), es que el Estado tiene la obligación social de invertir en una institución pública de educación superior: de erigir y mantener una universidad del Estado, sin la cual ninguna sociedad moderna puede prosperar. El objetivo de la fórmula es proteger a la institución –la más importante del país– de la manipulación fiscal por parte de la clase política; es decir, dotarla de una autonomía operacional real, libre de la deformación del patronato político y de las luchas partidistas e ideológicas. La asignación de fondos, basada en una fórmula automática, fuera de las garras del Gobierno de turno, es imprescindible para que la Universidad pueda realizar eficazmente y en libertad su función académica y docente.

Recientemente, sin embargo, cuando llegó al poder una administración que no valora de igual modo la inversión pública en la universidad del Estado, es decir, en una universidad nacional, sino que considera la aportación del erario a la institución como un gasto innecesario que se debe reducir, la estrategia fue, en lugar de derogar la ley, alterar los criterios para calcular la base de los recaudos del Gobierno sobre los cuales aplica ese porcentaje. De ese modo han podido reducir la aportación real del Estado a la Universidad sin tener que alterar la fórmula que establece la ley vigente. Vale aclarar que esa estrategia política ha sido avalada por los dos partidos políticos principales, primero con la aprobación del impuesto sobre ventas y uso (IVU) durante la incumbencia del Partido Popular Democrático (PPD), siendo gobernador Aníbal Acevedo Vilá (2005-2008) y más tarde con la Ley 7 que aprobó la administración de Luis Fortuño (2009- 2012). En ambos casos, se excluyeron ingresos del Estado de la base de recaudos sobre la cual aplica la fórmula automática. Vale aclarar, sin embargo, que mientras el PPD hizo algunos esfuerzos por compensar la pérdida de ingresos por otros medios, el Gobierno de Fortuño fue más insistente en reducir la asignación fiscal del Estado a la UPR.

En otras palabras, mientras el Gobierno anunció que se cumplía con la ley que establecía la fórmula del 9.6 por ciento, en realidad se las arregló para reducir el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, desestabilizar sus operaciones y debilitar su autonomía.

Vale apuntar que el consenso mundial sobre la función social de las universidades en las sociedades modernas propone dos condiciones indispensables: el apoyo financiero del Estado y la garantía de que las labores que en ella se realizan se den en un ambiente de plena libertad de acción y pensamiento. Este segundo factor, impensable sin el primero, solo es posible cuando la institución también se mantiene al margen de los poderes políticos, religiosos y sociales, y excluye a la clase política de su estructura directiva. La universidad moderna, sobre todo en las sociedades liberales, incorpora la idea de que su responsabilidad institucional incluye producir pensamiento original sobre rigurosas bases éticas, lo cual implica cuestionar en todo momento el cuerpo de conocimiento actual y, al mismo tiempo, soslayar toda autoridad política e intelectual. Un ejemplo: la investigación empírica y teórica en el campo de las ciencias puras, sin cortapisas utilitarias, es considerada esencial para el progreso del conocimiento científico y constituye una función social indispensable que solo puede realizar la Universidad. La educación utilitaria vista como mera transmisión de un conocimiento necesario para acceder al mercado laboral, junto a la investigación tecnológica alentada por entes corporativos, tan solo son actividades secundarias y marginales de educación superior, ajenas la misión universitaria central.

La reforma universitaria del 1966 tomó en cuenta esta idea de autonomía institucional al establecer la fórmula automática de financiación estatal para nuestra Universidad nacional. Al así hacerlo, la protegió del impulso natural de las estructuras de poder político de querer controlar todas las instituciones sociales mediante la manipulación de la subvención estatal. Sánchez Vilella entendió claramente que la independencia de las labores que se realizan en la Universidad requiere la garantía de un distanciamiento formal de la autoridad del Estado.

Es importante entender con este ejemplo que la organización del Gobierno de un país moderno, constitucional y democrático en su estructura formal, incluye la obligación de subvencionar actividades culturales e intelectuales que no son rentables bajo criterios comerciales empresariales, pero que son imprescindibles para el progreso del país y la humanidad. Y para que esta producción cultural e intelectual tenga frutos, es necesario también que esa energía creativa encuentre espacios funcionales de independencia real; es decir, que no estén constreñidos por alguna autoridad externa. La tarea no es fácil e implica recorrer un camino siempre minado, sobre todo cuando la mentalidad autoritaria aflora en el ambiente político y logra encumbrarse en la institucionalidad del poder político.



Autor: Roberto Gándara Sánchez
Publicado: 11 de septiembre de 2014.

Version: 13010808 Rev. 1
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