Gobierno / Los derechos humanos
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El principio fundamental de la vida política en los Estados modernos, tanto ético como constitutivo, reside en los llamados derechos fundamentales del ser humano, o simplemente, los derechos humanos. Este principio, conocido en la lengua popular como derechos civiles, derechos ciudadanos o derechos individuales, son percibidos en el mundo moderno laico, por consenso universal, como inviolables (inalienables) y fija el marco de las relaciones formales y cotidianas entre los ciudadanos. Además, el contenido de este cuerpo legal y ético de derechos humanos establece límites reales al poder del Estado y define sus campos de responsabilidad ante el gobernado.

La Constitución de Puerto Rico (1952), en reconocimiento de la centralidad de los derechos humanos para la convivencia política bajo una normativa moderna y democrática, establece en su artículo II una Carta de Derecho extensa en contenido, basada en lo que denomina “la dignidad e igualdad del ser humano”. En la primera sección de este segundo artículo, la Constitución dice: “La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la Ley. No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos principios de esencial igualdad humana”.

Este artículo procede a enumerar los derechos humano que considera fundamentales (ver la descripción de los derechos incluidos en el artículo II de la Constitución de Puerto Rico), pero establece en la sección 19 que los derechos no se habrán de limitar a los que menciona la Carta de Derechos, por lo que deberá prevalecer siempre una interpretación liberal de los derechos del ser humano: “La enumeración de derechos que antecede no se entenderá en forma restrictiva ni supone la exclusión de otros derechos pertenecientes al pueblo en una democracia, y no mencionados específicamente”. Este párrafo evidencia que, para la mentalidad dominante en Puerto Rico al momento de redactar su Constitución, los derechos humanos constituían la esencia de la libertad y la convivencia democrática, y que es en torno a ellos que se debe organizar la institucionalidad política al igual que las prácticas administrativas del país.

La literatura política reconoce diferentes categorías de derechos. La primera se conoce como los derechos civiles o ciudadanos (ciudadanía civil) y conforma derechos individuales como el de expresión, culto, asociación, propiedad y a ser juzgado por la ley, entre otros. A este cuerpo de derechos se le llama derechos civiles individuales por estar codificados en ley y estar directamente vinculados a la administración de la justicia estatal.

Una segunda categoría se refiere a los derechos políticos e incluye, entre otros, el sufragio universal (todo ciudadano tiene derecho al voto y todos los votos cuentan igual) y a ocupar cargos públicos. La responsabilidad de hacerlos cumplir reside, principalmente, en la Rama Judicial, pero también pesa sobre la Rama Ejecutiva y el Parlamento (Asamblea Legislativa). También hay una ciudadanía social (derechos sociales) entre los cuales se encuentran, principalmente, los derechos sociales y económicos como son la seguridad (paz social), la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, la asistencia económica y, en términos generales, cierto nivel de bienestar social y seguridad económica. En síntesis, los derechos sociales comprenden lo que se ha llamado en teoría política moderna como el derecho de los seres humanos a unas condiciones de vida que alienten su autonomía y permitan su autorrealización.

En tiempos más reciente, ante la proliferación de prácticas hegemónicas y de depredación económica en el mundo (a lo largo del siglo XX y con mayor intensidad en las últimas décadas), se habla de otra categoría: la de los derechos colectivos. Los más conocidos de este grupo de derechos son:

1. El derecho de los diferentes sectores sociales a mantener sus identidades ante las presiones homogeneizadoras de las mayorías.

2. El derecho a la libre determinación como instrumento de liberación política cuando han prevalecido relaciones coloniales (es decir, el derecho de cada comunidad política para establecer sus propias normas de convivencia y políticas sociales).

3. La protección de los recursos y los ambientes naturales ante la depredación del desarrollismo (para beneficio de futuras generaciones), y

4. La igualdad social y económica.









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