Gobierno / La corrupción y el capital social
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La corrupción en el sector público, es decir, la práctica de otorgar favores a entes privados por parte de los administradores del Estado en violación de normas y reglamentos a cambio de prebendas ocultas, ha sido identificada por científicos sociales como uno de los factores más dañinos para la fibra social. Por eso, cuando el Estado permite, mediante actos de corrupción, que agentes privados intervengan en la formulación de políticas económicas para favorecer a sus intereses particulares o que trastoquen la aplicación cotidiana de normas y reglamentos diseñados para proteger el bien público, el efecto perjudicial sobre el capital social es directo, inmediato y acumulativo. Esta práctica, nefasta por naturaleza, contradice el desarrollo controlado y planificado, además de poner en riesgo la seguridad de los ambientes naturales y citadinos. Lo peor para el capital social (como ha ocurrido en Puerto Rico) es que afecta adversamente la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

El contubernio sistémico entre el capital privado y la clase política (compra ilegal de favores gubernamentales por parte de intereses privados, sea directamente o a través de cabilderos), es una práctica lamentable en crecimiento que ha encontrado un espacio cómodo, no solo en la economía globalizada del mundo postindustrial, sino en el ethos empresarial y su relación cotidiana con los partidos políticos. En ocasiones, esta alianza público privada incluye la depredación de bienes públicos, a costas de la integridad y de la calidad de los servicios sociales que presta el Estado. Hay que tener presente que la raíz de este tipo de relación radica tanto en la naturaleza del capital privado (su imperativo de maximizar ganancias), como en la flojera moral de los administradores del Estado ante la tentación de la oferta corrupta y la ausencia de controles efectivos por parte de las jerarquías partidistas. En la cobertura usual de los medios de comunicación se asume que el origen de la corrupción se encuentra en políticos inescrupulosos. Pero, en realidad, el actor principal de esta deformación social, el más activo, es el sector empresarial, mientras que los funcionarios gubernamentales, en la mayoría de los casos, juegan un papel subordinado, más pasivo. Este patrón global no es exclusivo de Puerto Rico.

Al observar la ubicuidad de prácticas corruptas en todas las fases de la vida pública en el mundo globalizado, resalta la paradoja de haber llegado al punto de legalizar la ilegalidad. Y lo peor es que el efecto social del método corrupto de hacer negocios, avalado por la clase política, trasciende el ámbito estrictamente moral, en tanto deteriora el capital social, perjudicando, directa e indirectamente, la capacidad del país para emprender un desarrollo económico sostenido. La corrupción, en otras palabras, les provee beneficios personales a los sectores privilegiados (incluyendo la clase política y burocrática) en tanto sirve a los intereses de los grupos corporativos y empresariales a corto plazo; pero es enormemente dañina para el país, para el desarrollo material y espiritual, y para la estabilidad social y la cultura política.





Autor: Roberto Gándara Sánchez
Publicado: 11 de septiembre de 2014.

Version: 13010305 Rev. 1
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