Gobierno / Capital social, democracia y desarrollo económico
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. . . el ciudadano es quien está capacitado (por ley, conocimiento y voluntad) para pensar y hacer las cosas. Así pues, quien no se educa para conocer, o quien conociendo es privado de la participación, o quien conociendo y con acceso a hacer las cosas decide no hacerlas, experimenta una degradación de su condición humana (ciudadano).

Jorge Benítez Nazario



Uno de los pilares de la mentalidad tecnocrática dominante hoy día, es la idea de que la realidad humana y social se componen de campos separados como, por ejemplo, el social, el político, el económico y el cultural; y que cada uno de ellos es independiente de los otros; por lo que están sujetos al análisis reduccionista de disciplinas especializadas, cada cual con sus propias técnicas, reglas y metodología. Cuando se habla de la economía, se suele presuponer que responde a una lógica propia, diferente de la que opera, por ejemplo, en el campo político.

Esta costumbre de separar y aislar los campos de la actividad humana y social puede ser beneficiosa para los estudios minuciosos y especializados de alcance reducido, pero en general suele ser una práctica desafortunada que abona a la desinformación y limita la capacidad de comprender la complejidad social orgánica. Por ejemplo, al considerar la estructura y la organización del gobierno, se puede estar tentado a alejarse de las otras esferas sociales, al resultar preferible centrarse en los aspectos políticos internos como si se tratara de una realidad separada con vida propia.

Vale apuntar, no obstante, que uno de los aspectos más sobresalientes de los sistemas políticos democráticos y republicanos es su efecto directo sobre el desarrollo económico. Los valores políticos y los principios morales cuentan por sí solos, pero es un hecho histórico constatado que la enorme prosperidad generada por los países occidentales en la época moderna –a partir del siglo XVIII– está estrechamente vinculada al surgimiento de sistemas democráticos de gobierno, la participación ciudadana y el Estado de derecho. De hecho, al considerar el tema de las normas y estrategias económicas de un país, lo correcto es hablar de economía política.

La Revoluciónrevolución: cambio violento y profundo en las instituciones políticas, económicas o sociales de una nación. francesa de 1789 marcó el momento histórico de Occidente en que se reconoció que los Estados europeos, para aprovechar el potencial de desarrollo económico de la Primera Revolución Industrial, tenían que reemplazar a las monarquías centralizadas (los ancient regimes) con instituciones republicanas que garantizaran un orden social más estable y eficiente. Las clases económicas entendieron entonces que era necesario, para que la actividad industrial y comercial fuera más eficiente y productiva, compartir el poder político con los estamentos tradicionales (aristocráticos) mediante instituciones representativas descentralizadas. De este modo se podría garantizar la acción del Estado como protector y facilitador de la actividad económica nacional. Había llegado el tiempo de limitar la arbitrariedad de las acciones del Estado autocrático —típico de las monarquías autoritarias que no entendían a cabalidad las reglas y los hábitos de la actividad económica capitalista— y establecer en su lugar un orden jurídico institucional, estable, capaz de proteger los derechos de propiedad y garantizar la estabilidad de las transacciones comerciales. En otras palabras, se iniciaba —bajo el manto de principios democráticos-republicanos— un nuevo Estado nacional moderno cuya función primaria es mantener la paz social y garantizar un orden legal conducente a crear un ambiente de confianza cívica en las transacciones privadas. Por eso, uno de los derechos más codiciados del nuevo orden político, por sobre la libertad, la igualdad y la fraternidad, fue el de la propiedad privada. El supuesto compartido era que el Estado, como único garante posible de la integridad de la propiedad privada, es imprescindible para el desarrollo económico nacional en un sistema capitalista y, en consecuencia, a la prosperidad de sus ciudadanos.

Junto a esta finalidad práctica, aunque de forma subalterna, se reconoció también el derecho humano y cívico del individuo a su autorrealización, lo cual incluye desarrollar sus intereses privados más allá de la esfera pública. Por lo tanto, además de la garantía de que el Estado no habrá de intervenir con la propiedad privada, el Estado de derecho conforma la libertad del ciudadano para realizar transacciones contractuales en un clima estable de confiabilidad. También se reconoce la obligación de mantener la paz social y proteger el patrimonio particular de sus ciudadanos ante el peligro de la incautación arbitraria y abusiva por parte de las agencias del Estado u otros agentes privados.

Hoy se piensa, por lo tanto, que la concertación cívica y la capacidad de crear y mantener normas de cohesión, cooperación, reciprocidad, confianza y solidaridad —lo que se conoce como capital social— es más determinante para el desarrollo económico que los recursos naturales y el capital de inversión. En otras palabras, mientras más alto sea el nivel del capital social en determinada comunidad, mayor habrá de ser su nivel de prosperidad. Además, un alto capital social reduce los costos de litigios, los cuales suelen ser fruto de la desconfianza, la insolidaridad y el egoísmo.

De modo que elevar el nivel del capital social constituye una de las metas políticas fundamentales del Estado democrático moderno. Pero, como cada comunidad política, cada Estado establece sus propios métodos y estrategias para llegar a estos fines y algunos son más exitosos que otros. Las diferencias entre ellos son producto de diversas tradiciones culturales, realidades geopolíticas-hegemónicas particulares y circunstancias coyunturales, geográficas y demográficas, que actúan sobre el desarrollo individual de cada país. Lo que todos tienen en común, más allá de las variables que puedan darse en la organización de cada Estado y las realidades productivas y de intercambio, es la relación orgánica que existe entre la estabilidad política, la solidez de las instituciones del Estado de derecho, la confianza ciudadana (es decir, el capital social) y los niveles de calidad de vida.

De modo que es fundamental aproximar la naturaleza y el papel histórico del sistema democrático de gobierno, tanto desde la perspectiva de sus valores políticos y morales universales, como del vínculo empírico e indisoluble del capital social con el desarrollo económico y la prosperidad material.



Autor: Roberto Gándara Sánchez
Publicado: 11 de septiembre de 2014.

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