CARIBE / Democracia y gobernabilidad en el Caribe después de la Guerra Fría: República Dominicana
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Para mediados de los años ochenta, a causa de una crisis de gobernabilidad de los sistemas políticos, los países caribeños sufrieron grandes cambios políticos que promovieron la construcción o la consolidación de la democracia. La consolidación de la democracia en países como República Dominicana y Puerto Rico se ha visto afectada por una larga y recurrente crisis. Se trata de la crisis de gobernabilidad. La gobernabilidad se refiere a la legitimidad, la estabilidad y eficacia del sistema político. La legitimidad es la creencia de la población en las instituciones, que permite al gobierno exigir obediencia. La estabilidad implica la capacidad de la élite política para conservar sus posiciones de dominación o para reproducir las coaliciones ya existentes. La eficacia es la capacidad de un régimen para solucionar los problemas a base de un mínimo de conflictos.

Cuando se habla de gobernabilidad se habla de la capacidad que tiene el Estado para mantenerse en el ámbito económico e institucional. De esta manera se caracterizan las democracias consolidadas. En países poco desarrollados, como los caribeños, la gobernabilidad además implica la capacidad del Estado para promover un modelo de desarrollo económico basado en la justicia social.

La democracia tiene dos componentes básicos: la participación y la representación. La gente debe poder participar libremente en la política, al igual que debe existir pluralidad en esta y basarse en un consenso entre las élites que debe ser establecido por medio de acuerdos o pactos. Según algunos analistas, solo aquellos países con democracias consolidadas pueden garantizar la gobernabilidad de sus sistemas políticos. La gobernabilidad se convierte en un problema para los países poco desarrollados ya que tienen dificultad al momento de traducir el mandato electoral en políticas eficaces. Los cambios que se han dado en el Caribe desde mediados de los años ochenta han impuesto límites a la capacidad del Estado para repartir las riquezas y por ende, esto repercute en un serio problema para la consolidación de la democracia y un aumento en la imposibilidad de traducir las preferencias electorales de la mayoría de la población. No obstante, con el fin de la Guerra Fría se han promovido cambios institucionales favorables a la democracia caribeña.

En la República Dominicana, las reformas económicas y políticas introducidas en 1990 y 1994 contemplaron cambios constitucionales significativos. Su democratización debe ser entendida en el marco de una crisis de gobernabilidad, causada por la fuerte naturaleza carismática del liderazgo político y la organización clientelista del Estado.

El asesinato del dictador Rafael Trujillo en 1961 permitió el surgir de nuevos partidos políticos y el inicio de un proceso de modernización. A principio de los sesenta, factores domésticos e internacionales impidieron facilitar un régimen democrático y la justa redistribución del ingreso. La inestabilidad política fue lo que siguió durante los cinco años posteriores a la salida de Trujillo. Este tiempo se caracterizó por la debilidad de las instituciones y la falta de consenso entre las élites. Como consecuencia, hubo un golpe militar en 1963 poniendo fin al gobierno de Juan Bosch, primer presidente elegido democráticamente en la historia política de la República Dominicana.

La resistencia de la élite al cambio político y el anticomunismo norteamericano de la Guerra Fría, permitieron la instauración en 1966 de un nuevo Gobierno autoritario, encarnado por Joaquín Balaguer. Durante 12 años de presidencia (1966-1978), Balaguer restringió la participación política, pero preservó algunas formas constitucionales de la democracia. También promovió programas económicos modernos basándose en el desarrollo de las zonas francas y en las obras públicas. De esta manera se produjo un crecimiento económico durante los años del apogeo azucarero y las inversiones extranjeras. Pero seguían con una mala redistribución de las riquezas. Ya para los setenta, este incremento o progreso sufrió una decaída debido a la baja de la economía azucarera y al incremento en los precios del petróleo. Mientras tanto, los dominicanos que aspiraban a la democracia presionaron para que el Gobierno garantizara unas elecciones libres en 1978. Esta transición democrática fue el resultado de tres factores: el debilitamiento de los resortes socioeconómicos del régimen de Balaguer, una oposición organizada en torno al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y unas condiciones internacionales favorables al cambio democrático. Aun con la instalación del régimen democrático se mantuvieron algunos rasgos del modelo autoritario que había definido la política dominicana, aunque produjo cambios de gran valor en la participación política.




En el transcurso de los ochenta, los intentos del PRD por implementar reformas institucionales fracasaron y durante los ocho años que estuvo en el poder tampoco llevó a cabo un programa satisfactorio de reformas económicas debido, entre otras cosas, al fraccionalismo partidista y a la corrupción gubernativa. Con el retorno de Balaguer en 1986 tampoco se dieron grandes cambios, aunque para principios de los años noventa, debido a la condiciones económicas y políticas, se lograron varias reformas. La República Dominicana vivía una profunda crisis política creada por los polémicos resultados de las elecciones del 1990. Este factor, unido a la contracción de la economía, creó preocupación en la clase dirigente que veía peligrar las relaciones exteriores en los inicios de un proceso de integración supranacional marcado por la entrada de la República Dominicana en el grupo caribeño ACP-Lomé de la Comunidad Europea, la permanencia en la Iniciativa para la Cuenca del Caribe y las expectativas de inserción en un mercado único continental encabezado por los Estados Unidos y Canadá, a partir del acceso de México al tratado de Libre Comercio. En pleno crecimiento de la inflación, Balaguer inició un programa de ajuste con la intención de generar reformas económicas, un código financiero, la revisión del aún vigente código trujillista de trabajo, un nuevo plan de enseñanza y reformas electorales. Mediante la firma del “Pacto de la Democracia” se introdujeron reformas adicionales y se puso fin a la crisis electoral del 1994. Entre estas reformas se encontró la de la reducción a dos años de la presidencia de Balaguer, lo cual hizo imposible su reelección en 1996. Esta medida puso un casi punto final a la política caudillista del liderazgo dominicano.

Las reformas de 1994 tenían por objetivo consolidar y solidificar la democracia y constituyeron un reto significativo para las prácticas políticas que a lo largo de la historia han obstaculizado el proceso de democratización. También pudiendo ocasionar serias ineficiencias debido a la falta de consenso de la clase dirigente al momento de llevar a cabo su implementación. Por otra parte, las reformas constitucionales dejaron intacto al artículo 55, el cual concede poderes extraordinarios al presidente de la república, como por ejemplo, el de poder dictar decretos y reglamentos o el de celebrar contratos sin aprobación del Congreso. En fin, se trata de poderes que a la larga siguen desfavoreciendo y obstaculizando el desarrollo real de lo que debe ser un sistema democrático.























Autor: Grupo Editorial
Publicado: 31 de enero de 2013.

Version: 12020409 Rev. 1
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