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Libertad y servidumbre en el Puerto Rico del siglo XIX

La cultura de la ilegalidad, que había germinado durante la época de oro del contrabando, floreció en el terreno propicio de las solidaridades campesinas ante los embates de la economía de mercado. El campo resolvía las discrepancias a su manera. El Estado intervenía cuando ya el disimulo era insostenible. Pero esa cultura de la ilegalidad estaba erizada de signos ambiguos. Si bien amparaba al jornalero perseguido por el hacendado, también mantenía a raya las instrumentalidades del Estado en asuntos de violencia doméstica, explotación sexual de menores, y negligencias y abusos contra los más débiles. Al guardia civil, el maestro indagador o el comisario de barrio no convenía darle demasiada injerencia en los asuntos domésticos.

Las condiciones de vida de muchos puertorriqueños empeoraron drásticamente en la segunda mitad del siglo XIX. La epidemia del cólera de 1855-56 fue un signo de la incapacidad del Estado por prevenir el desastre de 29 mil muertes por falta de medidas básicas de higiene pública. Recurrentes epidemias de viruelas, que las remolonas autoridades municipales hacían poco por prevenir, el azote de la anemia, el surgimiento de la tuberculosis en los centros urbanos, la frecuencia del tétano infantil entre los recién nacidos, la gastroenteritis entre los niños, la mala alimentación, la lenta y penosa diseminación de los saberes médicos, y la indiferencia letrada marcan las páginas de ese desastre de salud pública. Basta corroborar las tasas de mortalidad en municipios como Utuado, Camuy, Humacao, Ciales, Río Piedras y Cayey para constatar el empeoramiento de las condiciones de vida en la época de oro de los hacendados del café y los dueños de las primeras centrales azucareras. No son Zeno Gandía ni Matías González quienes mejor documentan esta tragedia humana, sino los libros de Entierros de las parroquias y del Registro Demográfico.

La educación tampoco estuvo bien parada, y a pesar de los etnocéntricos ditirambos a la educación del siglo XIX, basta con consultar los informes semestrales de los maestros de las escuelas en los fondos municipales para darse cuenta que la minoría urbana y masculina que asistía a los salones de clase era perennemente absentista. A pesar de las reformas instituidas por el gobernador Eugenio Despujols en 1880, de acuerdo al último censo español, el del 1897, sólo el 14% de la población sabía leer y escribir.
Ese estado ineficiente, incapaz, y anodino de las últimas décadas del gobierno español en Puerto Rico cuando no pudo hacerse valer, teatralizó sus poderes para amedrentar. El caso más notable, naturalmente, es el de los compontes de 1887, pero no es el único. El resentimiento, que esas comparsas suscitaron, erosionó el sentido de pertenencia o lealtad hacia las instituciones españolas. Por eso, y en contraste con la experiencia de 1797 ante el ataque británico a la capital, la gran mayoría de los criollos permaneció ajeno a las resistencias de la invasión estadounidense de 1898.

Las partidas de tiznaos que proliferaron en los meses subsiguientes a la invasión de EE.UU pusieron de manifiesto la precariedad del orden público garantizado por el Estado. A nivel municipal no fue fácil la transición de un régimen político al otro. La crisis económica de 1898 se complicó con el huracán San Ciriaco de 1899, y el gobierno militar a duras penas pudo evitar las hambrunas. Aún así la mortalidad de 1899 fue la más alta en todo el siglo XIX. Las epidemias después del huracán azotaron a una población mal alimentada y pobremente alojada. El siglo XIX cerraba en desastre.

El siglo XX no empezó con portentos agradables. Las violentas elecciones de 1902 hicieron mella en nuestra memoria colectiva, la época de las turbas en San Juan, Río Piedras, Cayey y en tantos otros pueblos. Tras la violencia política vino la violencia laboral, según los sectores preponderantes trataron de apagar y anular el creciente movimiento obrero, culminando todo en las muertes de trabajadores en las huelgas cañeras de 1915 y 1917. Demasiado fácil nos hemos olvidado que los derechos de los trabajadores en Puerto Rico se adquirieron con enorme sacrificio y no poco conflicto. En la década de 1920 la violencia proliferó también con los esfuerzos del Estado en imponer la prohibición del alcohol. Hoy hemos reducido al folclor esos cuentos de alambiques y contrabandistas, pero no pocos muertos, tanto de civiles como de policías, incidieron en esas luchas.

Con la depresión de la década de 1930 nos enfrentamos a nuevas luchas políticas y nuevos encuentros sangrientos entre policías y nacionalistas. Pero aún mayor que esta violencia política fue el cotidiano desangramiento de nuestra isla por los homicidios y asesinatos resultantes de la miseria, la desesperanza y la competencia por los escasos recursos económicos entonces accesibles. Según los estudios de Pedro Vale, las tasas de homicidio de los años 1930 no fueron superadas en todo el siglo XX hasta la década de 1990.

Si la industrialización y la emigración masiva a Estados Unidos mitigaron en la isla la violencia callejera entre los 1940 y los 1960, la violencia doméstica y los conflictos sociales no desaparecieron del todo, según podemos constatar por las estadísticas recopiladas en ese período y los periódicos de la época. Para finales de los 1960 emergen los conflictos relacionados al trasiego y persecución de la droga, una historia de la cual no podemos todavía vislumbrar el fin. Pero además de la violencia asociada a la cultura de la droga (y como frecuentemente vemos, a la persecución de la droga) estamos cada día más conscientes de los estragos cotidianos de la violencia doméstica, de las múltiples agresiones de los adolescentes, y del preocupante aumento de ataques a personas de edad avanzada.

En resumen, una sociedad que nace al calor de un hecho violento, la conquista española de los indígenas en el siglo XVI, y que mantiene por siglos instituciones por naturaleza violenta como la esclavitud y el trabajo dependiente de los agregados, una en que el Estado siempre ha tenido un control imperfecto de las costas, y no ha podido evitar las múltiples facetas del contrabando, ni ha podido garantizar la paz social de los habitantes, una sociedad que al cabo de cuatro siglos sufre otra conquista violenta, y que vive en el marco más amplio de una sociedad caribeña violenta y un mundo injusto y violento, cuyas imágenes y exigencias repercuten aquí, no puede menos que reflejar en sus vivencias e instituciones ese historial.