Proyectos FPH / Raíces históricas de la violencia en Puerto Rico
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Cartel Humanista del año 2004
Que valiente fue el cachorro,
Que cobarde el miliciano.

Esta copla generada por la captura y la ejecución de Roberto Cofresí hace 180 años nos remite a un imaginario popular que en repetidas ocasiones ha celebrado más al transgresor tipificado por las autoridades que al agente punitivo. En ocasiones, como en el caso del isleño Ignacio Avila, mandado a fusilar, por el gobernador Prim, por el asesinato de un hacendado en 1848; la versión legendaria del evento ha trastocado los hechos que se pueden documentar. Todas las arbitrariedades de los agentes del estado se han elaborado como piezas fundamentales de la memoria colectiva. ¿Por qué? ¿Por qué el Estado rara vez es un proyecto común y siempre pertenece al imaginario de los otros?

Hay una gran necesidad de hacer una historia del Estado en Puerto Rico. Lo que hemos recibido hasta la fecha de historia política han sido reseñas de gobernaciones, episodios en la vida de los partidos políticos; análisis de las vicisitudes por resolver el llamado problema del status; reflexiones sobre los comportamientos electorales y narraciones de movimientos de resistencia o de oposición a las autoridades metropolitanas. Pero no tenemos una historia del Estado como ente histórico, en que veamos su articulación, su desempeño, su evolución y sus atribuciones en distintas épocas. La reflexión historiográfica ha estado fascinada con las representaciones que el Estado ha hecho de sí mismo, en distintas épocas, en Puerto Rico, pero no con su desarrollo orgánico.

Este desinterés de los historiadores pudo estar motivado por muy distintas razones, pero el efecto es el mismo, los gobernadores han estado omnipresentes en nuestras narrativas, pero el Estado como tal ha permanecido en la penumbra. Esta disimulación del papel del Estado en nuestra historia es fiel reflejo de su ausencia histórica en nuestra sociedad. Se pudiera objetar, si ha estado ausente, ¿por qué hacer su historia? Porque las ausencias también tienen su peso en la historia de los pueblos, y los esfuerzos por compensar esas ausencias dejan sus marcas.

Mi propósito en esta ocasión es vincular las ausencias del Estado con los fenómenos de la violencia en Puerto Rico. De salida señalo que mi intención no es desembocar en la simpleza de decir que porque el Estado ha estado perennemente ausente de nuestra cotidianidad, nuestra sociedad es violenta. Más bien trato de calibrar que han significado para la paz de los puertorriqueños los intentos arbitrarios del Estado por reclamar o extender sus prerrogativas.

El Estado puertorriqueño tuvo sus orígenes no sólo en la violenta conquista de los indígenas por los españoles hace 500 años, sino también en las transacciones entre los herederos de Cristóbal Colón y la corona castellana primero por precisar, luego por limitar y finalmente por liquidar los reclamos de la familia Colón por controlar los destinos de la Isla.

Cuando la Corona finalmente obtuvo pleno dominio sobre la isla, ya las principales facetas de su ordenamiento social habían cobrado vida. Dos jurisdicciones, la de la capital (Puerto Rico) y la de San Germán dividían entre sí la isla. Los esclavos africanos habían reemplazado a los indígenas como la principal fuerza laboral en las haciendas y estancias establecidas. La tierra, dividida en grandes, medianos y pequeños hatos, y algunas haciendas y estancias, entre los colonizadores peninsulares, estaba más abocada a la ganadería que a la labranza. Los vecinos desacomodados tenían que escoger entre arrimarse a los dueños de la tierra costera, o hacer como los fundadores de Coamo, buscar tierra adentro un lugar para asentar su familia en un bohío.

La militarización de la capital, subsiguiente a la construcción del presidio del Morro y el establecimiento de una guarnición permanente, contribuyó a distanciar la población extramuros del personal administrativo, clerical y militar de la capital. Como bien señaló Arturo Morales Carrión, el siglo XVII presenció el desarrollo de dos economías y dos sociedades antagónicas: una vinculada al ordenamiento jurídico español, el tráfico comercial legal y a las rutinas castrenses; y otra, en dispersión, produciendo para la economía de contrabando con los otros europeos, y viviendo según las luces de su propio criterio.

A lo largo de los siglos XVII y XVIII vemos la futilidad de los repetidos esfuerzos de las autoridades de la capital, por imponer sus ordenamientos a la población desperdigada por las montañas y los valles del país. La inmigración clandestina de otros europeos, el contrabando sostenido, el desarrollo de solidaridades y sociabilidades ajenas a la normativa emanante de la capital, marcaron el estilo de vida de los naturales del país, que todavía no eran llamados puertorriqueños. Aun los vecinos más acomodados de San Germán resistieron a plegarse a las determinaciones del Capitán General de turno para hacerles prestar servicio de guarnición en la capital.

Cuando los obispos españoles emprendían sus visitas pastorales, usualmente solo una vez en el curso de sus episcopados, constataban que la vida en las distintas parroquias de la isla transcurría ajena a los reclamos de la normativa canónica vigente. Se deshacían en reproches y reconvenciones que escasamente alteraban las rutinas de la sociabilidad local. Mucho de lo que hoy se reclama por religiosidad tradicional puertorriqueña fue entonces objeto de prohibiciones episcopales.

Los gobernadores, cuando no se plegaban a las atracciones lucrativas del contrabando, e intentaban doblegar las montaraces resistencias a sus arbitrios, tenían escasa oportunidad de reclamar éxito en sus intentos por armonizar las prácticas económicas y rutinas sociales de sus gobernados con las Leyes de Indias.






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