Municipios / Autonomía municipal II
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En mi última columna expliqué la importancia de la autonomía municipal en cuanto a la participación ciudadana en el gobierno, sobre profundizar nuestra democracia, y sobre un gobierno más efectivo para Puerto Rico. Indiqué que esto no se había comprendido bien y que la legislatura, la judicatura, y la rama ejecutiva constantemente socavan la autonomía concedida a los municipios durante mi último término como gobernadorgobernador: En las colonias después de la figura del virrey el gobernador era la máxima autoridad política y judicial. Al igual que los alcaldes mayores, los gobernadores no podían ser vecinos de lugar, encomenderos ni propietarios de tierras o minas en su jurisdicción. Cuando a su título se le añadía el de capitán general, le otorgaba la máxima autoridad en el plano militar. Las gobernaciones se aplicaban a colonias poco pobladas o zonas fronterizas. A Puerto Rico se le consideraba ?antemural de las Indias? o zona fronteriza..

La semana pasada me agradó ver que el plan de reingeniería de Silva Puras para un gobierno más eficiente incluye ceder a los municipios el mantenimiento de las escuelas y caminos vecinales, y otras tareas. Esto es un paso en la dirección correcta, pero si vamos a pensar estratégicamente en cuanto a ofrecer un gobierno más eficiente a largo plazo y de manera continua, debemos atender la falla en nuestra Constitución con respecto a la autonomía municipal. Como mencioné en mi última columna, el principal experto en gobierno de esa época, el Dr. Carl J. Friedrich, quien fue asesor de la Convención, señaló que esta era la deficiencia más relevante en la Constitución del Estado Libre Asociado. En esta y en columnas subsiguientes analizaré la naturaleza de la enmienda constitucional que necesitamos.

Para poder ofrecer una democracia más eficaz a los ciudadanos de los municipios, la Constitución les debe otorgar poder para que se gobiernen en asuntos locales mediante gobiernos municipales autónomos. Esto eliminaría la doctrina centralista de que los municipios son criaturas del gobierno del Estado Libre Asociado. La enmienda debe estipular que se celebren elecciones cada cuatro años para elegir a los alcaldes y legisladores municipales. Estos funcionarios electos no deben ser destituidos por el Gobernador o por la comisión del gobierno central, como hasta ahora, por conducta indebida. La enmienda debe establecer que la destitución por conducta indebida debe hacerse por procedimientos legales llevados ante los tribunales del Estado Libre Asociado.

Una vez establecido que el poder de los gobiernos municipales reside en los ciudadanos del municipio y que se deben celebrar elecciones cada cuatro años, el alcance del poder municipal debe definirse en la Constitución. El principio de subsidiariedad debe ser el criterio a seguir para distinguir entre los asuntos locales que deben ser atendidos por los gobiernos municipales y los asuntos más amplios de la Isla que debe atender el gobierno central. El principio de subsidiariedad – la unidad más cerca a los ciudadanos debe tratar sus problemas – sostiene que cuando el gobierno municipal tiene los recursos, o se le pueden proporcionar los recursos para tratar con mayor eficiencia cualquier asunto, el gobierno municipal debe tener el poder para hacerlo y el asunto concerniente se debe considerar a nivel local.









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